POLÍTICOS SIN HONOR

Hacer lo contrario de lo que se promete, faltar a la palabra, mentir... Lo que antes se llamaba "persona de honor" es un modelo trasnochado que ningún político presenta ya como su principal virtud. Antes se daba por hecho que cualquier persona que hiciera una promesa, por humilde que fuera, empeñaba en ella su palabra, su dignidad.

Cuando se habla de pérdida de valores, pocas veces se pensará en el daño que causa a la sociedad, no solo en el ámbito de lo público, que nuestros representantes políticos se denigren cada día a sí mismos mediante una estrategia basada en el engaño impune y premeditado. Me resulta imposible saber si su actitud es el reflejo de una realidad social o es una práctica política que ha acabado impregnando a los ciudadanos que deciden apoyarlos en cada proceso electoral. No sería disparatado considerar que es fruto, en gran medida, del mensaje que transmiten sus líderes y algunos medios de comunicación, mediante el que se acepta, tácitamente, que cada partido tiene derecho a una cuota de corrupción en función de la que tenga su rival.

Los periodistas que a menudo hablamos en privado con políticos, sabemos bien que su discurso público difiere a menudo de lo que nos cuentan. Y lo hacen sin remordimientos, con naturalidad, como si ese comportamiento indecente formara parte de las reglas de un juego basado en la trampa y el engaño. Su prioridad es no hacer ningún movimiento que perjudique su carrera.

Encontramos entre ellos incumplimientos de gestión, como ha ocurrido con el PP tras las últimas elecciones y con el final de la etapa socialista de Zapatero, pero también una renuncia expresa a los principios. Rajoy ha terminado haciendo lo opuesto de lo que cabía esperar de él subiendo impuestos y asfixiando la economía. Zapatero terminó sus días como presidente dando los primeros pasos hacia un deterioro grave del estado del bienestar. Ambos tomaron decisiones que perjudicaban a los ciudadanos y beneficiaban a los poderes financieros. Y Rajoy continúa haciéndolo.

Más allá de lo que el incumplimiento de su palabra haya deslegitimado a ambos para gobernar, su forma de proceder es objetivamente indigna. Invocar intereses superiores a los del pueblo para faltar a la palabra evidencia, además de deshonor, que la democracia es la excusa perfecta de los poderes fácticos para mantener o ampliar sus privilegios. El daño que causa esta forma de gobierno afecta, en consecuencia, a la credibilidad del propio sistema y a la confianza del proyecto común que debe representar un estado.

Si a lo económico y al quebranto de la palabra añadimos la impunidad con la que actúan políticos corruptos o bajo serias sospechas de corrupción; el control del Gobierno sobre órganos judiciales; la negativa a asumir responsabilidades políticas por hechos de extrema gravedad, como la presunta financiación ilegal del PP o los ERE de Andalucía; la falta de democracia interna de los partidos; la intervención sobre los medios de comunicación públicos; el empecinamiento de PSOE y PP en mantener una ley electoral que margina a los partidos minoritarios y desprecia los votos de millones de ciudadanos... Si a la crisis económica sumamos todo esto, es razonable pensar que solo una catarsis podría devolvernos la esperanza.

Es imprescindible que se reforme el sistema de arriba a abajo, como en esa segunda transición que este país merece y necesita. Cambios que permitan a los ciudadanos participar activamente en política, que impidan a las mayorías absolutas legislar sobre pilares básicos de nuestro modelo social, como son la educación, la sanidad, la justicia, los derechos laborales, etc. Porque es inadmisible que un solo partido, al más puro estilo totalitario e incumpliendo su programa electoral, pueda romper con décadas de conquistas sociales y producir tasas de paro de posguerra para beneficiar al poder económico y, lo que es peor, en cumplimiento de sus órdenes.

La crisis económica ha demostrado que nuestra democracia, como otras muchas en Europa, es fraudulenta. Ha constatado que nuestros gobernantes son títeres de grupos de presión que defienden exclusivamente intereses privados. El PP ha ampliado la senda abierta por el PSOE, pero es a los socialistas a los que cabe la dehonra de haber sumido a la ciudadanía en la desesperanza.

Ningún país democrático que se precie toleraría que su presidente no asuma la responsabilidad de haber respaldado, tras su imputación judicial, al extesorero de su partido; de haberle pagado los abogados para intentar que no trascendiesen las presuntas irregularidades de su financiación o los sobresueldos en B que habría cobrado el propio presidente; de mantener su sueldo millonario, coche oficial, secretaria y despacho; de decir al presunto delincuente "hacemos lo que podemos, sé fuerte...".

Y todo esto tiene su origen en lo que decía al principio de este artículo: la falta de honor de nuestros políticos. Al final, la putrefacción colectiva tiene su origen en la actitud individual, en los silencios y las mentiras. En los diputados socialistas que aplaudieron a Zapatero cuando propuso las primeras medidas contra el pueblo y en los diputados populares que callan ante asuntos que les provocarían la máxima repugnancia si se produjeran en cualquier otro partido.

La transformación necesaria pasa por una renovación a fondo de los partidos, de su apertura a la sociedad mediante la participación de los mejores y de la renuncia inmediata a la política como profesión. A partir de ahí, el nuevo perfil de nuestros representantes deberá ser el de personas que se respeten a sí mismas, que actúen siempre en defensa de los derechos de los votantes y no de sus propios intereses, que consagren su vida pública al cumplimiento de sus principales compromisos y que estos sean responsables y realistas. En definitiva, se buscan ciudadanos honorables. Es urgente.

RAJOY Y LA TRADICIÓN DE NO DIMITIR

La crítica situación que vive Mariano Rajoy pone sobre la mesa la evidencia, una vez más, de que la cultura democrática española deja mucho que desear. Sin embargo, ha habido políticos españoles que han afrontado situaciones críticas de una manera correcta, aunque es verdad que no sin cierta resistencia.

Entre las más recientes está la del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, curiosamente forzado a hacerlo por el propio Rajoy. "Yo creo que hoy nadie quiere más al Partido Popular y a España que Francisco Camps. Nos ha dado a todos una lección de saber estar en política y de saber dar un paso atrás". Lo dijo el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons. Ahora dice sobre Bárcenas, sus acusaciones al presidente y al partido que “no se puede hacer el juego a un presunto delincuente frente al Gobierno de España”. Camps justificó su retirada como un sacrificio a favor de Rajoy a pesar de ser inocente. Quizá esperaban un gesto así del extesorero.

En el caso valenciano, relacionado con el caso Gürtel y en el que ya estaba presente Bárcenas, el PP actuó más para proteger al candidato Rajoy que por principios democráticos, tal y como se demuestra ahora. La situación del presidente del Gobierno y del Estado es infinitamente más grave que la de Camps y sus “ridículos” trajes.

Quizá no es casualidad que sea tan difícil encontrar políticos del PP de cierta relevancia que hayan decidido dejar sus cargos. Habría que recordar a Manuel Pimentel, que dimitió como ministro de Trabajo al considerarse políticamente responsable de la actuación de uno de sus colaboradores. Ahora, sin embargo, nadie se considera comprometido por haber nombrado y amparado durante décadas a un “delincuente” que hasta hace poco era un trabajador ejemplar con una estrechísima relación con la cúpula popular y el mismo Rajoy.

Encontramos más casos relevantes en el PSOE: Fernárdez Bermejo, Narcís Serra, García Vargas, Vicente Albero, Antoni Asunción, José Luis Corcuera, García Valverde o Alfonso Guerra. Todos ellos abandonaron sus cargos por considerarse políticamente responsables de actuaciones reprobables, no por decisiones judiciales. Ninguno de estos casos alcanzaba la gravedad actual.

Tampoco podemos olvidar la actuación de dos presidentes del Gobierno: Adolfo Suárez y Felipe González. Suárez dimitió al considerar que no podía seguir ante la falta de apoyo de su propio partido. Felipe González decidió convocar elecciones anticipadas tras producirse numerosos y graves casos de corrupción, aunque nunca asumió responsabilidades políticas por ninguno de ellos.

No parece que Rajoy tenga muchas más alternativas que las que ya se han dado en nuestra democracia. Ese “hacemos lo que podemos”, que escribió a Bárcenas desde su móvil, es una losa demasiado pesada para cualquiera, incluso para él.

RAJOY Y EL SITIO DE SU RECREO

Para Mariano Rajoy, el tiempo es un aliado, es viento a favor. Su peculiar forma de afrontar los problemas sin tomar decisiones, sin dar la cara, negándolos siempre y ocultándose de las incómodas preguntas de los periodistas, viene de antiguo y es improbable que pueda cambiar, como él mismo ha confirmado hoy ante el Comité Ejecutivo del Partido Popular.

Rajoy ha lanzado un mensaje de transparencia desde la opacidad de un acto en el que no se ha permitido a los periodistas formular preguntas. Y hay que recordar ahora que ya cuando Garzón sacó a la luz el caso Gürtel, cuando todavía Rajoy era líder de la oposición, en 6 meses no aceptó enfrentarse a la prensa ni una sola vez.

Quizá los motivos por los que adopta esta táctica ultradefensiva son la consecuencia de su limitada capacidad dialéctica. Su torpeza ha quedado de manifiesto muchas veces, como aquella en la que, por no entender su propia letra, pareció incapaz de explicar las políticas del PP para los jóvenes. Por tanto, no creo que sea ningún disparate pensar que su curiosa forma de administrar los tiempos sea, en buena parte, la expresión de sus propias limitaciones como líder político.

Hay que recordar que la marea negra del Prestige fueron para él simples “hilillos” de petróleo, y que en el caso Gürtel todos han sido inocentes para él, incluidos Camps y Bárcenas. "Yo quiero un Gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares", dijo en su día. Así que ahora también “todos” están limpios, incluida Ana Mato. Y afirmar que en el PP no hay dinero negro, cuando las investigaciones indican justamente lo contrario y el pasado nos recuerda a Naseiro, es inútil. Rajoy lo sabe y volverá al silencio, el sitio de su recreo.

Foto: Europa Press

¿GOBIERNO ILEGÍTIMO?

España tiene en estos momentos un Gobierno que carece de legitimidad para ejercer sus funciones. El movimiento 15-M hizo numerosas propuestas para convertir esta democracia representativa en un sistema que dé voz a los ciudadanos en el día a día y no solo cada 4 años. Tanto el Ejecutivo socialista de Zapatero como ahora el de Rajoy, han incumplido sus compromisos con los electores haciendo exactamente lo contrario de lo anunciado en sus programas electorales. Cuesta creer que quienes defienden esta democracia con tanta pasión no se den cuenta de que hay un injustificable vacío constitucional que permite gobernar a través del fraude. El Estado lo combate en todas sus formas, pero no cuando lo cometen los políticos.

Es cierto que hay un mecanismo que permite a los ciudadanos expresar su opinión: el referéndum. El artículo 92 de la Carta Magna dice que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo”, que debe proponer el presidente del Gobierno. Es más que improbable que, quien ha mentido a los ciudadanos, vaya a darles la oportunidad de utilizar una herramienta que fue pensada para servir a los intereses de quien ejerce el poder.

Rajoy reprochó públicamente a Zapatero haber realizado los mayores recortes sociales de la democracia y añadió: “yo lo que no llevo en mi programa no lo hago”. Era un compromiso contundente que no daba opción a justificaciones de ningún tipo para desdecirse. El mismo presidente del Gobierno ha admitido que está haciendo lo contrario de aquello a lo que se comprometió y lo ha justificado diciendo, entre otras cosas, que no tiene libertad para elegir. Ha reconocido que él no tiene capacidad para decidir (lo hace Bruselas) y que el país ha perdido soberanía en aspectos vitales de la gestión.

Dudo que haya “decisiones políticas” de más trascendencia que las que ha tomado Rajoy (y en su día Zapatero) que justifiquen un referéndum. Una consulta sobre esas decisiones lo sería también sobre su legitimidad para gobernar y sobre la pertenencia a una moneda que interesa especialmente a los países más prósperos, como Alemania, que parece decidida a conquistar Europa, esta vez con armamento económico, en una Tercera Guerra Mundial de guante blanco.

(Foto de Sergio Pérez. Agencia Reuters)

RTVE, UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

La decisión de Rajoy de poner únicamente en sus manos la elección del presidente de RTVE no solo es un error, sino una medida innecesaria, sobre todo si suponemos que hay en ella alguna buena intención, es decir, preocupación por afrontar sus problemas de financiación. La necesidad de que haya un responsable de la Corporación por carencia de gestión en un momento tan crítico como el actual, haría todavía más necesario que se hiciera por consenso. No era pedir peras al olmo esperar que si lo hubo para aprobar la ley y nombrar a sus dos primeros presidentes, la hubiera también en la nueva Legislatura. No se puede olvidar que la ley aprobada por el Gobierno de Zapatero era también la del Partido Popular. No debería molestarles, por lo tanto, que más de uno piense que les servía solo cuando eran oposición para no tener en contra una radiotelevisión pública gubernamental, pero no para cuando gobernaran porque no la tendrían a su favor.

Podríamos llegar a entender que la línea informativa de TVE no sea la más idónea para el PP, como tampoco lo fue para el PSOE. Zapatero admitió más de una vez que algunos de sus ministros se quejaban del trato recibido en los telediarios. También podemos entender que no gustara a los de Rajoy las noticias sobre Gürtel o los silencios clamorosos de su propio líder ante la crisis que vivió su partido por culpa de Camps y compañía. Pero en eso consiste el periodismo independiente y esa es la única consecuencia que cabe esperar cuando se elabora la información con criterios profesionales.

No debemos olvidar que todos los partidos políticos desean una información a su medida sea cual sea el medio. Cuando es público y hay una tradición de décadas de parcialidad, ese deseo se convierte en exigencia. Como he dicho en alguna otra ocasión en este mismo blog, las presiones sobre los medios se produce diariamente a todos los niveles. Desde la emisora de radio o el periódico más humilde de provincias al más poderoso de ámbito nacional. He vivido durante más de 30 años esa experiencia y en ambos niveles. Esas vivencias llevan a la conclusión de que la única forma de garantizar una información equilibrada a los ciudadanos (tienen ese derecho porque pagan por ello y porque la democracia lo exige) es ponerla en manos de los periodistas, es decir, el modelo compartido por PSOE y PP al que ha renunciado ahora Rajoy.

Unos y otros hace muchos años que ponen como modelo a seguir el de la BBC, pero hay una inercia en los políticos que los impulsa a alejarse de él. Algunos celebran ahora, por ejemplo, que el nuevo decreto elimine del Consejo de Administración a los sindicatos. Pues bien, en la BBC sí están representados.

Podemos entender que no gusten los telediarios a los partidos políticos, gobiernen o no, pero no parece de sentido común que si no hay consenso se recurra al dedo y al decreto. ¿Harían lo mismo con el Tribunal Constitucional? Con bloqueo o sin él, hay que respetar las reglas de juego si no se quiere caer en tentaciones antidemocráticas. Porque un Estado que niega al ciudadano el derecho a la información no puede ser considerado democrático. La intención (solamente la intención) de manipularla, es tan grave como hacerlo en el ámbito de la Justicia o en cualquier otro servicio público que tenga como objetivo proteger los derechos civiles.

De manera que lo que han venido haciendo PSOE y PP en las últimas décadas con las radiotelevisiones públicas (también las autonómicas) no es una simple travesura. La ley aprobada por consenso en 2006 parece haber sido un espejismo y algunos ingenuos, como yo mismo, creímos que marcaría una tendencia que, tarde o temprano, cambiaría las cosas en todos los medios públicos del Estado, pero lo cierto es que el modelo de RTVE quedó aislado y que el Partido Popular no creía en él.

Este es un asunto de principios, y mudar sobre ellos denota carencias éticas y democráticas muy preocupantes. Todavía tiene tiempo Rajoy para intentar un acuerdo con Rubalcaba, pero creer que eso es posible después de dotarse por decreto de una herramienta que desprecia diálogo y derechos sería una ingenuidad, una más.

INCENDIOS FORESTALES Y PALABRERÍA

Los que nos gobiernan saben bien que la información tiene fecha de caducidad y que, por muy perjudicial que les resulte, sus efectos se diluyen en el tiempo. En la Xunta de Galicia lo practican, o lo parece, respecto a los incendios forestales. Da igual el tamaño de la catástrofe porque llegarán otras y habrá mentiras y silencios que ayuden a olvidar.

El drama ha afectado ahora a las Fragas do Eume, pero en octubre de 2011 el fuego arrasaba miles de hectáreas en la provincia de Ourense en zonas como el Parque Natural do Xurés o la Serra do Invernadoiro, ambas también de gran valor ecológico. Las dos oleadas más recientes se han producido en épocas del año infrecuentes y, por lo tanto, sin medios de extinción suficientes para hacerles frente.

El enemigo es el fuego, dice la conselleira de Medio Rural. No hay medios ni personal suficientes y no se hace nada por prevenirlos. Nada. El Gobierno de Núñez Feijóo decidió eliminar hasta las ayudas que BNG y PSOE habían asignado a los ayuntamientos para proteger los núcleos rurales. También los servicios municipales de extinción (GRUMIR) corren el riesgo de desaparecer o debilitarse decisivamente porque la Xunta no garantiza las ayudas que necesitan.

Mientras todo esto sucede, mientras arden decenas de miles de hectáreas de monte en Galicia (11.000 de arbolado solo en estos días), a la Xunta lo único que le preocupa es ocultar la información y negar cualquier responsabilidad, como si gobernar Galicia no fuera cosa suya, más allá de sus propios intereses. La Consellería de Medio Rural informa únicamente de los fuegos superiores a 20 hectáreas. Si un medio de comunicación tiene noticia de alguno en concreto que sea inferior a esa cantidad, entonces sí facilitan la información. Pero su obsesivo control llega al extremo de reducir la superficie real afectada, desmintiendo sin ningún rubor los datos de alcaldes y profesionales de la extinción. Contrasta esta actitud, por cierto, con la de Protección Civil de Portugal, que ofrece en su web información en tiempo real de fuegos, superficie y medios que los combaten.

Debatir sobre sus causas mientras arde el patrimonio natural de Galicia es absurdo. Sabemos que el rural está desertizándose, entre otras cosas porque la Xunta no hace nada para evitarlo. Sabemos, sin embargo, que con medidas de prevención como la limpieza del monte y adecuados medios de extinción y buena coordinación, las consecuencias serían menores.

En octubre de 2011, la campaña se había dado por terminada y los medios eran insuficientes. Las brigadas que quedaban tenían una excesiva carga de horas de trabajo y el apoyo de los militares de la UME es más un gesto de buenas intenciones que algo efectivo, según trabajadores de la Xunta. En 5 meses han muerto en Ourense dos de ellos y Medio Rural sigue obsesionada con la ocultación de datos y no gastar más dinero. La responsabilidad de todo ello no es sólo del fuego o del que lo provoca, sino también de quien no hace lo que debe.

Las declaraciones del presidente Feijóo sobre el incendio de As Fragas do Eume parecen más las de un sheriff que las de un político con sentido de la responsabilidad. Decir que los incendios son provocados y que se perseguirá a los responsables no es suficiente. Pedir penas más duras tampoco resuelve nada. El sentido común recomienda reforzar los medios de extinción y no abandonar la prevención, como hizo Feijóo al poco de llegar a la Xunta. Todo lo demás es palabrería y manipulación.

EL NEGOCIO DE LA CRISIS (Una invención oportuna)

No tengo ni puñetera idea de economía, como de casi nada, pero creo que hago un uso razonable del sentido común. Lo vengo aplicando sobre la crisis económica desde que comencé a intuir lo que sucedía y ver sus consecuencias en la vida real. Y hay demasiadas cosas que no encajan.

No tengo ninguna intención de repasar en detalle cómo empezó todo y la forma en la que los gobiernos europeos, entre ellos el de España, han ido afrontándola. Hace un par de días leí a Wolfgang Munchau, codirector del Financial Times, y se hizo la luz: “no entiendo cómo alguien con formación macro-económica y con un mínimo de honestidad y decencia puede apoyar hoy la fantasía de que las políticas de austeridad estimulan la economía”. Esta reflexión por sí sola explica muchas de las razones por las que estamos como estamos.

Desde que los gobiernos tomaron las primeras medidas de austeridad y decidieron que para salir de la crisis era necesario eliminar o restringir políticas sociales y derechos laborales, tuve muy claro que lo que comenzó siendo un problema provocado por la economía especulativa se había convertido en una oportunidad única para que el poder económico que sustenta el sistema capitalista, recuperase el terreno perdido en las últimas décadas. El Estado del Bienestar, la conquista de derechos, ponían en peligro rancios privilegios de las clases poderosas. Los sistemas basados en la solidaridad resultan demasiado caros para una economía de mercado que recompensa la depredación y sólo la depredación.

Las sucesivas reformas laborales emprendidas en España por el Gobierno del PSOE y la aprobada ahora por el del PP, prueban que el objetivo de recuperar el mando por parte del poder económico y empresarial, mucho mejor representado por los ejecutivos de derechas que dominan Europa, encontró en la crisis la coartada perfecta.

Las políticas de austeridad en la Administración Pública tampoco son una excepción. El sacrosanto objetivo de controlar el déficit público supone la renuncia de los estados a prestar servicios pagados con los impuestos de los ciudadanos y las empresas. Sin embargo, en muchos casos los servicios esenciales no se abandonan, sino que se privatizan. Menos Estado es, para el capitalismo, más oportunidad de negocio.

La crisis ha servido, además, para reforzar el poder de otro de los pilares del modelo económico dominante: la economía especulativa. Necesaria y, en alguna medida, reguladora del mercado, su excesivo desarrollo la ha llevado a tener una dimensión mayor que la economía real, productora de bienes y servicios. Su dominio del mercado es tan avasallador que ha entrado en una espiral suicida. Los gobiernos democráticos se han convertido en títeres de los mercados y los ciudadanos perciben que los que toman las decisiones no son aquellos que eligen en las urnas, sino el FMI, el BCE, la banca, las grandes empresas… De alguna forma, parece que han convencido a los grandes partidos políticos de que, o se hace lo que ellos dicen, o se rompe la pelota. Es extraño que no se hayan dado cuenta de que, llegados a ese hipotético desastre universal, todos saldríamos perdiendo.

No tengo dudas, por tanto, de que una parte considerable de la crisis económica es virtual. Sirva de ejemplo lo que hacen los especuladores comprando seguros de impago sobre la deuda de España. Sin que haya razones objetivas, su compra masiva genera dudas sobre la solvencia del país, que cada vez debe desviar más recursos para pagar los intereses de la deuda en lugar de dedicarlos al bienestar de los ciudadanos. Sencillamente, los especuladores obtienen inmensos beneficios a costa de empobrecernos.

Volviendo a las últimas medidas del Gobierno español y a lo que dice Wolfgang Munchau, es indudable que los recortes en inversión y personal de las administraciones públicas y la precarización del empleo es absolutamente imposible que, por sí mismos, estimulen la economía. Persiguen, y así lo han reconocido muchos gobernantes, dar confianza a los mercados, cuando en gran medida son los propios mercados los que obtienen un mayor beneficio de la crisis.

Con una clase trabajadora empobrecida, es indudable que disminuye el consumo, y con él muchos sectores económicos ven reducidos sus ingresos y sus necesidades de crear empleo. Con un sector público que no invierte y unos niveles de consumo a la baja es absolutamente imposible que haya reactivación económica y, por consiguiente, una salida rápida de la crisis. De cualquier modo, no podemos olvidar que esa salida, sea cuando sea, se producirá después de que los poderes económicos hayan obtenido un botín muy valioso que exigirá, tarde o temprano, una rebelión ciudadana por la conquista de sus derechos perdidos.

La economía es también un estado de ánimo, como nos muestran cada día los especuladores. Muy oportunamente, los gobiernos se han ocupado con esmero, azuzados por la Unión Europea, de provocar el miedo en la ciudadanía. Porque si estamos mal nos garantizan que estaremos peor si no se hace lo que se debe, o sea, si no renunciamos resignadamente a unos derechos que, de pronto, se han convertido en incómodos privilegios.