RTVE: MÁS ALLÁ DE LA MANIPULACIÓN

Me reencuentro con mi abandonado blog para hablar, otra vez, de RTVE. No para analizar el grado de injerencia del Gobierno en su labor periodística -ese mal del que apenas se ha librado a lo largo de su historia en democracia-, sino del negligente desinterés con que es tratada desde los poderes Legislativo y Judicial.

Es conveniente recordar que la ley de RTVE vigente hasta principios de 2012 establecía que el presidente de la corporación debía elegirse con el voto favorable de dos tercios del Congreso, es decir, obligaba a los principales partidos a llegar a un acuerdo para hacer posible el nombramiento. Fijaba también para el elegido un mandato de 6 años, precisamente para evitar dependencia alguna del Gobierno de turno. Recordemos que fue una propuesta de Rodríguez Zapatero apoyada por el PP en 2006.

A los pocos meses de llegar al Gobierno, el mismo Partido Popular y su presidente dejaron en suspenso la ley por medio de un decreto que permitía realizar el nombramiento con la mayoría absoluta, o sea, como se había hecho siempre para poner la radiotelevisión pública al servicio del partido gobernante. Y aquí surgen dudas sobre el carácter democrático de un sistema que permite a un Gobierno modificar de un plumazo una ley aprobada por el Congreso. Suena a república bananera, lo sé, pero así ocurrió.

Pocas semanas después de la decisión de Mariano Rajoy, el PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del que nada se sabe 5 años después. Entiendo que para el Tribunal Constitucional el artículo 20 de la Carta Magna es secundario y que hay derechos fundamentales que no lo son tanto. Y esa es su grave responsabilidad.

Por otra parte, llama la atención la falta de interés real con el que los partidos políticos contemplan la situación de RTVE, una empresa que pagamos todos los españoles para que no solo ofrezca un servicio público independiente, sino para que lo parezca. Y eso es lo que ocurre, más allá de si hay, hubo o habrá manipulación. No es únicamente un problema ético, sino estético. No se trata ya de discutir si el PP ha suspendido la ley de 2006 por razones económicas o partidistas ni de poner sobre la mesa los datos del CIS sobre la credibilidad informativa de la corporación o los del EGM sobre la pérdida de audiencia, sino de que haya una ley que impida que tal cosa pueda ser ni tan siquiera imaginada.

El debate sobre quién manipula más es absolutamente estéril. Lo único que importa, lo único imprescindible es, como indicaba la ley de 2006, “dotar a la radio y a la televisión de titularidad estatal de un régimen jurídico que garantice su independencia, neutralidad y objetividad”. Es algo que defienden en público todos los partidos y que, insisto, suscribió el PP en su día. Se trata de recuperar el sentido común y la coherencia. Y, por supuesto, blindar la ley para que ningún presidente pueda jamás saltarse una norma aprobada por los representantes de los ciudadanos mediante un simple decreto.

LA MANO DE RAJOY

Esta foto de EFE refleja con más exactitud que mil palabras la necesidad de que Rajoy dé por concluida su carrera política. Quizás no vio la mano protocolaria de Sánchez y no fue consciente del desplante. Lo más probable es que fuese la arrogancia lo que le impidiera recordar un gesto automático que ha repetido miles de veces en su vida. Probablemente haya sido consecuencia del aislamiento social en el que lleva viviendo tanto tiempo.

Los políticos de larga trayectoria son víctimas de un tipo de marginación que, a diferencia de la que conduce directamente a la miseria, acrecienta su vanidad, su soberbia y, a menudo, su indecencia. La altivez de Rajoy es directamente proporcional a su obstinada negación de la verdad. No vio o no quiso ver la mano de Sánchez de la misma forma que no vio la corrupción de todos aquellos indeseables a los que señaló con determinación como ejemplos a seguir.

En mi opinión, más relevante que la mano solitaria del líder socialista es la mano del presidente, despreocupada, ajena a lo que tiene ante sí, exactamente igual que desde hace ya demasiado tiempo.

ESPAÑA CAÑÍ

Hace cuarenta y tantos años llevaba una hermosa melena. Recuerdo a mi padre, anclado en la intolerancia de la época, poner a prueba mi integridad con advertencias serias de expulsarme del hogar si no eliminaba de mi cabeza aquella aberrante cabellera. Con el paso del tiempo se acostumbró y creo que los dos quedamos tan felices: él con su peinado de caballero español y yo con el de joven antisistema al que la vida debería domesticar.

Han pasado tantos años que es imposible que no hayamos cambiado todos al menos un poco. Sin embargo, siempre ha habido un ruido de fondo en nuestra sociedad por el que, si se observa con detenimiento, se puede comprobar que discurre el sombrío pasado.

Recuerdo que alguien me contó hace mucho tiempo que las viejas orquestas de verbena, en cuyo ADN llevaban grabado a fuego los ritmos más populares, cuando incorporaron el pop y el rock a su repertorio atendiendo la demanda de los jóvenes, mantenían en un plano casi inaudible el compás del pasodoble. Algo así sucede también en los usos y costumbres de esta España que se resiste a dejar de ser cañí. 

Seguramente esta es una de las razones por las que hay tanta gente que ve con desprecio, e incluso asco, que un político lleve rastas o coleta. Hay un ritmo obstinado y rancio que les impide entender que han sido individuos con corbata y damas con vestidos de marca las que les han robado durante décadas. Pero, puestos a elegir, parece que prefieren al corrupto antes que arriesgarse a ser representados por individuos con un aspecto que no es de fiar porque no se atisba en ellos, por más atención que se preste, ni el más mínimo indicio del familiar pasodoble.

Mi vieja e irrecuperable melena juvenil no era solo una elección estética, sino un claro gesto de rebeldía ante una sociedad a la que rechazaba tanto como ella a mí. Como todavía no soy ni tan mayor ni tan cínico como para olvidarme de aquello, no puedo evitar ver con respeto a quienes tienen la capacidad de escandalizar a los se niegan a aceptar que cada generación tiene derecho a soñar su propio mundo. Un mundo con otra banda sonora, sin pasodobles, y que quizás algún día sonará a otros jóvenes como algo parecido a un pasodoble.

TODOS CONTRA RTVE

Han pasado demasiados años de democracia como para que nadie pueda pensar que el PSOE y el PP hayan pretendido en algún momento implantar un modelo estable de financiación y gestión para RTVE. La última reforma (2009) realizada gracias al especial empeño de Zapatero, contemplaba la sincera intención de terminar con las injerencias gubernamentales en la información, toda una tradición desde los tiempos de Franco. Nunca hasta entonces se había conseguido la tan deseada independencia. La experiencia, breve pero suficiente como para demostrar que era posible en proporciones más que razonables, se esfumó con la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy. La elección del presidente de la Corporación tenía que realizarse con una mayoría de dos tercios del Congreso, lo que obligaba a consensuar su nombramiento. Con el acuerdo de PP y PSOE llegaron al cargo Luis Fernández y Alberto Oliart. El primero de ellos estableció las bases de una empresa moderna y profesionalizada. La continuidad de Fran Llorente en la Dirección de Informativos garantizó la tan añorada independencia del poder político y obtuvo el reconocimiento social y periodístico que TVE nunca antes había alcanzado, incluso en el ámbito internacional.

La misma ley que agradaba al PP en la oposición pasó a ser inadecuada cuando Rajoy tomó las riendas del país. El nombramiento de Echenique se hizo saltándose la norma, sin consenso, y desde entonces duerme en el Tribunal Constitucional el recurso presentado por los socialistas ante tan flagrante ilegalidad.

La ley de Zapatero era generosa en la elección del presidente de la Corporación, pero también lo fue con las televisiones privadas, ya que retiraba la publicidad como fuente principal de financiación y establecía un sistema de ingresos estatales y de empresas de telecomunicaciones que se han revelado como insuficientes. Las presiones de los grupos privados incluyeron la reducción de derechos de contenidos deportivos, cine y ficción propia. No daban puntada sin hilo. De manera que la aparente generosidad de Zapatero con la nueva RTVE escondía la intención real de debilitar la empresa pública en beneficio de las televisiones privadas. Un beneficio que no se quedaba ahí porque permitía a las cadenas más poderosas hacerse con las más pequeñas, como sucedió con la fusión de Tele 5 y Cuatro y de Antena 3 con La Sexta.

Curiosamente, el PSOE justificó el nuevo modelo en la pretensión de “garantizar la estabilidad de RTVE y favorecer su equilibrio presupuestario”. Quizá por eso, y porque el Gobierno del PP está muy interesado en una radiotelevisión pública solvente, acumuló 113 millones de pérdidas en 2013 y exige a sus directivos más recortes de producción y plantilla. Por cierto, la BBC tiene 23.000 empleados, frente a los 6.400 de RTVE, ejemplo irrebatible de qué modelo no desean para España.

Pese a las limitaciones de la ley de Zapatero, RTVE siguió liderando las audiencias con una programación de calidad y unos informativos de radio y televisión casi modélicos. Pero la llegada de Rajoy a La Moncloa consiguió lo que el modelo diseñado para beneficio de las cadenas privadas no había logrado: restarle credibilidad y audiencia, dos elementos que justifican por sí mismos un debilitamiento casi mortal.

El principal interés de los dos partidos que han gobernado España en las últimas décadas con respecto a los medios de comunicación, ha sido exclusivamente contar con grupos que les sirvan de plataforma para mantenerse en el poder o alcanzarlo. Cuando los medios privados han ido haciéndose con las audiencias y la financiación necesarias (gracias a la oportuna legislación) RTVE ha perdido su interés. Porque una radiotelevisión pública que merezca la pena tiene que estar al servicio de los ciudadanos y, por lo tanto, ha de ser independiente del poder político y contar con una financiación estable y suficiente. Y eso lo deciden ellos, aunque en realidad lo hacen los mismos ciudadanos con sus votos. 

POLÍTICOS SIN HONOR

Hacer lo contrario de lo que se promete, faltar a la palabra, mentir... Lo que antes se llamaba "persona de honor" es un modelo trasnochado que ningún político presenta ya como su principal virtud. Antes se daba por hecho que cualquier persona que hiciera una promesa, por humilde que fuera, empeñaba en ella su palabra, su dignidad.

Cuando se habla de pérdida de valores, pocas veces se pensará en el daño que causa a la sociedad, no solo en el ámbito de lo público, que nuestros representantes políticos se denigren cada día a sí mismos mediante una estrategia basada en el engaño impune y premeditado. Me resulta imposible saber si su actitud es el reflejo de una realidad social o es una práctica política que ha acabado impregnando a los ciudadanos que deciden apoyarlos en cada proceso electoral. No sería disparatado considerar que es fruto, en gran medida, del mensaje que transmiten sus líderes y algunos medios de comunicación, mediante el que se acepta, tácitamente, que cada partido tiene derecho a una cuota de corrupción en función de la que tenga su rival.

Los periodistas que a menudo hablamos en privado con políticos, sabemos bien que su discurso público difiere a menudo de lo que nos cuentan. Y lo hacen sin remordimientos, con naturalidad, como si ese comportamiento indecente formara parte de las reglas de un juego basado en la trampa y el engaño. Su prioridad es no hacer ningún movimiento que perjudique su carrera.

Encontramos entre ellos incumplimientos de gestión, como ha ocurrido con el PP tras las últimas elecciones y con el final de la etapa socialista de Zapatero, pero también una renuncia expresa a los principios. Rajoy ha terminado haciendo lo opuesto de lo que cabía esperar de él subiendo impuestos y asfixiando la economía. Zapatero terminó sus días como presidente dando los primeros pasos hacia un deterioro grave del estado del bienestar. Ambos tomaron decisiones que perjudicaban a los ciudadanos y beneficiaban a los poderes financieros. Y Rajoy continúa haciéndolo.

Más allá de lo que el incumplimiento de su palabra haya deslegitimado a ambos para gobernar, su forma de proceder es objetivamente indigna. Invocar intereses superiores a los del pueblo para faltar a la palabra evidencia, además de deshonor, que la democracia es la excusa perfecta de los poderes fácticos para mantener o ampliar sus privilegios. El daño que causa esta forma de gobierno afecta, en consecuencia, a la credibilidad del propio sistema y a la confianza del proyecto común que debe representar un estado.

Si a lo económico y al quebranto de la palabra añadimos la impunidad con la que actúan políticos corruptos o bajo serias sospechas de corrupción; el control del Gobierno sobre órganos judiciales; la negativa a asumir responsabilidades políticas por hechos de extrema gravedad, como la presunta financiación ilegal del PP o los ERE de Andalucía; la falta de democracia interna de los partidos; la intervención sobre los medios de comunicación públicos; el empecinamiento de PSOE y PP en mantener una ley electoral que margina a los partidos minoritarios y desprecia los votos de millones de ciudadanos... Si a la crisis económica sumamos todo esto, es razonable pensar que solo una catarsis podría devolvernos la esperanza.

Es imprescindible que se reforme el sistema de arriba a abajo, como en esa segunda transición que este país merece y necesita. Cambios que permitan a los ciudadanos participar activamente en política, que impidan a las mayorías absolutas legislar sobre pilares básicos de nuestro modelo social, como son la educación, la sanidad, la justicia, los derechos laborales, etc. Porque es inadmisible que un solo partido, al más puro estilo totalitario e incumpliendo su programa electoral, pueda romper con décadas de conquistas sociales y producir tasas de paro de posguerra para beneficiar al poder económico y, lo que es peor, en cumplimiento de sus órdenes.

La crisis económica ha demostrado que nuestra democracia, como otras muchas en Europa, es fraudulenta. Ha constatado que nuestros gobernantes son títeres de grupos de presión que defienden exclusivamente intereses privados. El PP ha ampliado la senda abierta por el PSOE, pero es a los socialistas a los que cabe la dehonra de haber sumido a la ciudadanía en la desesperanza.

Ningún país democrático que se precie toleraría que su presidente no asuma la responsabilidad de haber respaldado, tras su imputación judicial, al extesorero de su partido; de haberle pagado los abogados para intentar que no trascendiesen las presuntas irregularidades de su financiación o los sobresueldos en B que habría cobrado el propio presidente; de mantener su sueldo millonario, coche oficial, secretaria y despacho; de decir al presunto delincuente "hacemos lo que podemos, sé fuerte...".

Y todo esto tiene su origen en lo que decía al principio de este artículo: la falta de honor de nuestros políticos. Al final, la putrefacción colectiva tiene su origen en la actitud individual, en los silencios y las mentiras. En los diputados socialistas que aplaudieron a Zapatero cuando propuso las primeras medidas contra el pueblo y en los diputados populares que callan ante asuntos que les provocarían la máxima repugnancia si se produjeran en cualquier otro partido.

La transformación necesaria pasa por una renovación a fondo de los partidos, de su apertura a la sociedad mediante la participación de los mejores y de la renuncia inmediata a la política como profesión. A partir de ahí, el nuevo perfil de nuestros representantes deberá ser el de personas que se respeten a sí mismas, que actúen siempre en defensa de los derechos de los votantes y no de sus propios intereses, que consagren su vida pública al cumplimiento de sus principales compromisos y que estos sean responsables y realistas. En definitiva, se buscan ciudadanos honorables. Es urgente.