RTVE: MÁS ALLÁ DE LA MANIPULACIÓN

Me reencuentro con mi abandonado blog para hablar, otra vez, de RTVE. No para analizar el grado de injerencia del Gobierno en su labor periodística -ese mal del que apenas se ha librado a lo largo de su historia en democracia-, sino del negligente desinterés con que es tratada desde los poderes Legislativo y Judicial.

Es conveniente recordar que la ley de RTVE vigente hasta principios de 2012 establecía que el presidente de la corporación debía elegirse con el voto favorable de dos tercios del Congreso, es decir, obligaba a los principales partidos a llegar a un acuerdo para hacer posible el nombramiento. Fijaba también para el elegido un mandato de 6 años, precisamente para evitar dependencia alguna del Gobierno de turno. Recordemos que fue una propuesta de Rodríguez Zapatero apoyada por el PP en 2006.

A los pocos meses de llegar al Gobierno, el mismo Partido Popular y su presidente dejaron en suspenso la ley por medio de un decreto que permitía realizar el nombramiento con la mayoría absoluta, o sea, como se había hecho siempre para poner la radiotelevisión pública al servicio del partido gobernante. Y aquí surgen dudas sobre el carácter democrático de un sistema que permite a un Gobierno modificar de un plumazo una ley aprobada por el Congreso. Suena a república bananera, lo sé, pero así ocurrió.

Pocas semanas después de la decisión de Mariano Rajoy, el PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del que nada se sabe 5 años después. Entiendo que para el Tribunal Constitucional el artículo 20 de la Carta Magna es secundario y que hay derechos fundamentales que no lo son tanto. Y esa es su grave responsabilidad.

Por otra parte, llama la atención la falta de interés real con el que los partidos políticos contemplan la situación de RTVE, una empresa que pagamos todos los españoles para que no solo ofrezca un servicio público independiente, sino para que lo parezca. Y eso es lo que ocurre, más allá de si hay, hubo o habrá manipulación. No es únicamente un problema ético, sino estético. No se trata ya de discutir si el PP ha suspendido la ley de 2006 por razones económicas o partidistas ni de poner sobre la mesa los datos del CIS sobre la credibilidad informativa de la corporación o los del EGM sobre la pérdida de audiencia, sino de que haya una ley que impida que tal cosa pueda ser ni tan siquiera imaginada.

El debate sobre quién manipula más es absolutamente estéril. Lo único que importa, lo único imprescindible es, como indicaba la ley de 2006, “dotar a la radio y a la televisión de titularidad estatal de un régimen jurídico que garantice su independencia, neutralidad y objetividad”. Es algo que defienden en público todos los partidos y que, insisto, suscribió el PP en su día. Se trata de recuperar el sentido común y la coherencia. Y, por supuesto, blindar la ley para que ningún presidente pueda jamás saltarse una norma aprobada por los representantes de los ciudadanos mediante un simple decreto.

TODOS CONTRA RTVE

Han pasado demasiados años de democracia como para que nadie pueda pensar que el PSOE y el PP hayan pretendido en algún momento implantar un modelo estable de financiación y gestión para RTVE. La última reforma (2009) realizada gracias al especial empeño de Zapatero, contemplaba la sincera intención de terminar con las injerencias gubernamentales en la información, toda una tradición desde los tiempos de Franco. Nunca hasta entonces se había conseguido la tan deseada independencia. La experiencia, breve pero suficiente como para demostrar que era posible en proporciones más que razonables, se esfumó con la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy. La elección del presidente de la Corporación tenía que realizarse con una mayoría de dos tercios del Congreso, lo que obligaba a consensuar su nombramiento. Con el acuerdo de PP y PSOE llegaron al cargo Luis Fernández y Alberto Oliart. El primero de ellos estableció las bases de una empresa moderna y profesionalizada. La continuidad de Fran Llorente en la Dirección de Informativos garantizó la tan añorada independencia del poder político y obtuvo el reconocimiento social y periodístico que TVE nunca antes había alcanzado, incluso en el ámbito internacional.

La misma ley que agradaba al PP en la oposición pasó a ser inadecuada cuando Rajoy tomó las riendas del país. El nombramiento de Echenique se hizo saltándose la norma, sin consenso, y desde entonces duerme en el Tribunal Constitucional el recurso presentado por los socialistas ante tan flagrante ilegalidad.

La ley de Zapatero era generosa en la elección del presidente de la Corporación, pero también lo fue con las televisiones privadas, ya que retiraba la publicidad como fuente principal de financiación y establecía un sistema de ingresos estatales y de empresas de telecomunicaciones que se han revelado como insuficientes. Las presiones de los grupos privados incluyeron la reducción de derechos de contenidos deportivos, cine y ficción propia. No daban puntada sin hilo. De manera que la aparente generosidad de Zapatero con la nueva RTVE escondía la intención real de debilitar la empresa pública en beneficio de las televisiones privadas. Un beneficio que no se quedaba ahí porque permitía a las cadenas más poderosas hacerse con las más pequeñas, como sucedió con la fusión de Tele 5 y Cuatro y de Antena 3 con La Sexta.

Curiosamente, el PSOE justificó el nuevo modelo en la pretensión de “garantizar la estabilidad de RTVE y favorecer su equilibrio presupuestario”. Quizá por eso, y porque el Gobierno del PP está muy interesado en una radiotelevisión pública solvente, acumuló 113 millones de pérdidas en 2013 y exige a sus directivos más recortes de producción y plantilla. Por cierto, la BBC tiene 23.000 empleados, frente a los 6.400 de RTVE, ejemplo irrebatible de qué modelo no desean para España.

Pese a las limitaciones de la ley de Zapatero, RTVE siguió liderando las audiencias con una programación de calidad y unos informativos de radio y televisión casi modélicos. Pero la llegada de Rajoy a La Moncloa consiguió lo que el modelo diseñado para beneficio de las cadenas privadas no había logrado: restarle credibilidad y audiencia, dos elementos que justifican por sí mismos un debilitamiento casi mortal.

El principal interés de los dos partidos que han gobernado España en las últimas décadas con respecto a los medios de comunicación, ha sido exclusivamente contar con grupos que les sirvan de plataforma para mantenerse en el poder o alcanzarlo. Cuando los medios privados han ido haciéndose con las audiencias y la financiación necesarias (gracias a la oportuna legislación) RTVE ha perdido su interés. Porque una radiotelevisión pública que merezca la pena tiene que estar al servicio de los ciudadanos y, por lo tanto, ha de ser independiente del poder político y contar con una financiación estable y suficiente. Y eso lo deciden ellos, aunque en realidad lo hacen los mismos ciudadanos con sus votos.