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martes, 22 de agosto de 2017

LENGUA E IDENTIDAD

Los seres humanos tendemos a creer que el mundo, al menos el que sentimos como propio, fue siempre como lo conocimos en la infancia. Cuando nos hacemos adultos vemos en su evolución, por pequeña que esta sea, una adulteración insoportable de su esencia. Nos consideramos herederos y guardianes de un legado cultural que representa nuestra identidad, es decir, el conjunto de características que nos diferencian de otros pueblos. Entendido generalmente como un sentimiento positivo que debemos vivir con orgullo, lo que remarca es nuestra desigualdad respecto de otros lugares y personas. Al contrario de lo que sucede en otros ámbitos, esa pertenencia a una comunidad única y superior (superior al menos en la esfera emocional), representa una necesidad para nuestro ego. No lo es, en cambio, con respecto a sí mismo, a nuestra individualidad, y se disuelve mansamente en la colectividad de nuestro entorno más próximo.

Sin embargo, nada es ajeno a la evolución y nuestras principales señas de identidad no son una excepción. Su transformación es demasiado lenta como para que, durante nuestra breve existencia, podamos apreciar que es tan destructiva como realmente es.

No resulta útil ni convincente lo que nos cuenta la historia. La aprendemos en la escuela, pero rara vez consigue perforar la poderosa corteza de emociones que nos unen a valores que queremos considerar eternos, quizá porque en ellos creemos forjar una cierta forma de perpetuidad. Se nos hace creer que si conservamos el legado de nuestros antepasados, no solo dignificamos y damos sentido a nuestras vidas, sino que en cierta forma cumplimos una misión casi divina.

Uno de los signos de identidad más poderosos es la lengua, pero tampoco ella consigue esquivar el influjo de la evolución. Las academias pretenden limpiar, fijar y dar esplendor (como dice el viejo lema de la RAE). Su razón de ser es precisamente poner un cierto orden en el desconcierto evolutivo, pero no creo que ninguna se haya planteado nunca conservar su idioma intacto.

Cada lengua es un tesoro en sí misma y no cabe duda de que representa un hecho diferencial de primer orden; pero, sobre todo, es una herramienta de comunicación muy ligada a nuestra forma de sentir. Pero si nada hace a los seres humanos tan iguales como las emociones, ¿por qué creemos entonces que la forma en que las verbalizamos nos hace diferentes? Probablemente porque lo identificamos con sentimientos sociales y no solo personales.

La principal función de un idioma es la comunicación, aunque toma forma, por decirlo retóricamente, en el alma de los pueblos. Así, hay estudios lingüísticos recientes que indican que su grado de complejidad morfológica está directamente relacionado con su número de hablantes. Es decir, las minoritarias (intragrupales) tienen un “alto grado de complejidad semántica y gramatical como medio de cohesión grupal, para perpetuar la integridad del grupo, y como barrera contra los extraños. En cambio, las lenguas de uso intergrupo deben reducir esa complejidad para hacerse más sencillas de aprender, especialmente por adultos. Esto hace que estas lenguas favorezcan los rasgos más transparentes, fáciles, regulares, lógicos y fonológicamente simples” (Wray y Grace, 2007).

No es extraño entonces que, también desde un punto de vista sociológico, las comunidades minoritarias sean las que manifiesten un mayor afán por diferenciarse y, de algún modo, evitar ser “contaminados” por otras culturas, mientras que las sociedades que ya han sido “contaminadas” estructuren unas lenguas más pragmáticas.


Pero, volviendo al principio de este artículo, a la idea de que cada idioma es tan perenne como las montañas en las que se habla, en términos históricos resulta paradójico que se defienda tan vehementemente su pureza dado que a menudo tiene su origen en pueblos invasores, cuando no abiertamente imperialistas. Visto con perspectiva y prescindiendo de componentes irracionales, es incoherente que defendamos, incluso a través de diversas formas de violencia, lenguas que provienen del latín y que obviamente, pasaron a ocupar el espacio de las que en su momento se consideraron propias. Posiblemente el principio que mueve a los pueblos y sus líderes políticos, que tan a menudo desemboca en la xenofobia y/o el racismo, tenga más que ver con nuestra primitiva necesidad de pertenencia a un grupo social que al amor por la cultura.

domingo, 5 de octubre de 2014

TODOS CONTRA RTVE

Han pasado demasiados años de democracia como para que nadie pueda pensar que el PSOE y el PP hayan pretendido en algún momento implantar un modelo estable de financiación y gestión para RTVE. La última reforma (2009) realizada gracias al especial empeño de Zapatero, contemplaba la sincera intención de terminar con las injerencias gubernamentales en la información, toda una tradición desde los tiempos de Franco. Nunca hasta entonces se había conseguido la tan deseada independencia. La experiencia, breve pero suficiente como para demostrar que era posible en proporciones más que razonables, se esfumó con la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy. La elección del presidente de la Corporación tenía que realizarse con una mayoría de dos tercios del Congreso, lo que obligaba a consensuar su nombramiento. Con el acuerdo de PP y PSOE llegaron al cargo Luis Fernández y Alberto Oliart. El primero de ellos estableció las bases de una empresa moderna y profesionalizada. La continuidad de Fran Llorente en la Dirección de Informativos garantizó la tan añorada independencia del poder político y obtuvo el reconocimiento social y periodístico que TVE nunca antes había alcanzado, incluso en el ámbito internacional.


La misma ley que agradaba al PP en la oposición pasó a ser inadecuada cuando Rajoy tomó las riendas del país. El nombramiento de Echenique se hizo saltándose la norma, sin consenso, y desde entonces duerme en el Tribunal Constitucional el recurso presentado por los socialistas ante tan flagrante ilegalidad.

La ley de Zapatero era generosa en la elección del presidente de la Corporación, pero también lo fue con las televisiones privadas, ya que retiraba la publicidad como fuente principal de financiación y establecía un sistema de ingresos estatales y de empresas de telecomunicaciones que se han revelado como insuficientes. Las presiones de los grupos privados incluyeron la reducción de derechos de contenidos deportivos, cine y ficción propia. No daban puntada sin hilo. De manera que la aparente generosidad de Zapatero con la nueva RTVE escondía la intención real de debilitar la empresa pública en beneficio de las televisiones privadas. Un beneficio que no se quedaba ahí porque permitía a las cadenas más poderosas hacerse con las más pequeñas, como sucedió con la fusión de Tele 5 y Cuatro y de Antena 3 con La Sexta.

Curiosamente, el PSOE justificó el nuevo modelo en la pretensión de “garantizar la estabilidad de RTVE y favorecer su equilibrio presupuestario”. Quizá por eso, y porque el Gobierno del PP está muy interesado en una radiotelevisión pública solvente, acumuló 113 millones de pérdidas en 2013 y exige a sus directivos más recortes de producción y plantilla. Por cierto, la BBC tiene 23.000 empleados, frente a los 6.400 de RTVE, ejemplo irrebatible de qué modelo no desean para España.

Pese a las limitaciones de la ley de Zapatero, RTVE siguió liderando las audiencias con una programación de calidad y unos informativos de radio y televisión casi modélicos. Pero la llegada de Rajoy a La Moncloa consiguió lo que el modelo diseñado para beneficio de las cadenas privadas no había logrado: restarle credibilidad y audiencia, dos elementos que justifican por sí mismos un debilitamiento casi mortal.


El principal interés de los dos partidos que han gobernado España en las últimas décadas con respecto a los medios de comunicación, ha sido exclusivamente contar con grupos que les sirvan de plataforma para mantenerse en el poder o alcanzarlo. Cuando los medios privados han ido haciéndose con las audiencias y la financiación necesarias (gracias a la oportuna legislación) RTVE ha perdido su interés. Porque una radiotelevisión pública que merezca la pena tiene que estar al servicio de los ciudadanos y, por lo tanto, ha de ser independiente del poder político y contar con una financiación estable y suficiente. Y eso lo deciden ellos, aunque en realidad lo hacen los mismos ciudadanos con sus votos.