LENGUA E IDENTIDAD

Los seres humanos tendemos a creer que el mundo, al menos el que sentimos como propio, fue siempre como lo conocimos en la infancia. Cuando nos hacemos adultos vemos en su evolución, por pequeña que esta sea, una adulteración insoportable de su esencia. Nos consideramos herederos y guardianes de un legado cultural que representa nuestra identidad, es decir, el conjunto de características que nos diferencian de otros pueblos. Entendido generalmente como un sentimiento positivo que debemos vivir con orgullo, lo que remarca es nuestra desigualdad respecto de otros lugares y personas. Al contrario de lo que sucede en otros ámbitos, esa pertenencia a una comunidad única y superior (superior al menos en la esfera emocional), representa una necesidad para nuestro ego. No lo es, en cambio, con respecto a sí mismo, a nuestra individualidad, y se disuelve mansamente en la colectividad de nuestro entorno más próximo.

Sin embargo, nada es ajeno a la evolución y nuestras principales señas de identidad no son una excepción. Su transformación es demasiado lenta como para que, durante nuestra breve existencia, podamos apreciar que es tan destructiva como realmente es.

No resulta útil ni convincente lo que nos cuenta la historia. La aprendemos en la escuela, pero rara vez consigue perforar la poderosa corteza de emociones que nos unen a valores que queremos considerar eternos, quizá porque en ellos creemos forjar una cierta forma de perpetuidad. Se nos hace creer que si conservamos el legado de nuestros antepasados, no solo dignificamos y damos sentido a nuestras vidas, sino que en cierta forma cumplimos una misión casi divina.

Uno de los signos de identidad más poderosos es la lengua, pero tampoco ella consigue esquivar el influjo de la evolución. Las academias pretenden limpiar, fijar y dar esplendor (como dice el viejo lema de la RAE). Su razón de ser es precisamente poner un cierto orden en el desconcierto evolutivo, pero no creo que ninguna se haya planteado nunca conservar su idioma intacto.

Cada lengua es un tesoro en sí misma y no cabe duda de que representa un hecho diferencial de primer orden; pero, sobre todo, es una herramienta de comunicación muy ligada a nuestra forma de sentir. Pero si nada hace a los seres humanos tan iguales como las emociones, ¿por qué creemos entonces que la forma en que las verbalizamos nos hace diferentes? Probablemente porque lo identificamos con sentimientos sociales y no solo personales.

La principal función de un idioma es la comunicación, aunque toma forma, por decirlo retóricamente, en el alma de los pueblos. Así, hay estudios lingüísticos recientes que indican que su grado de complejidad morfológica está directamente relacionado con su número de hablantes. Es decir, las minoritarias (intragrupales) tienen un “alto grado de complejidad semántica y gramatical como medio de cohesión grupal, para perpetuar la integridad del grupo, y como barrera contra los extraños. En cambio, las lenguas de uso intergrupo deben reducir esa complejidad para hacerse más sencillas de aprender, especialmente por adultos. Esto hace que estas lenguas favorezcan los rasgos más transparentes, fáciles, regulares, lógicos y fonológicamente simples” (Wray y Grace, 2007).

No es extraño entonces que, también desde un punto de vista sociológico, las comunidades minoritarias sean las que manifiesten un mayor afán por diferenciarse y, de algún modo, evitar ser “contaminados” por otras culturas, mientras que las sociedades que ya han sido “contaminadas” estructuren unas lenguas más pragmáticas.

Pero, volviendo al principio de este artículo, a la idea de que cada idioma es tan perenne como las montañas en las que se habla, en términos históricos resulta paradójico que se defienda tan vehementemente su pureza dado que a menudo tiene su origen en pueblos invasores, cuando no abiertamente imperialistas. Visto con perspectiva y prescindiendo de componentes irracionales, es incoherente que defendamos, incluso a través de diversas formas de violencia, lenguas que provienen del latín y que obviamente, pasaron a ocupar el espacio de las que en su momento se consideraron propias. Posiblemente el principio que mueve a los pueblos y sus líderes políticos, que tan a menudo desemboca en la xenofobia y/o el racismo, tenga más que ver con nuestra primitiva necesidad de pertenencia a un grupo social que al amor por la cultura.

RTVE: MÁS ALLÁ DE LA MANIPULACIÓN

Me reencuentro con mi abandonado blog para hablar, otra vez, de RTVE. No para analizar el grado de injerencia del Gobierno en su labor periodística -ese mal del que apenas se ha librado a lo largo de su historia en democracia-, sino del negligente desinterés con que es tratada desde los poderes Legislativo y Judicial.

Es conveniente recordar que la ley de RTVE vigente hasta principios de 2012 establecía que el presidente de la corporación debía elegirse con el voto favorable de dos tercios del Congreso, es decir, obligaba a los principales partidos a llegar a un acuerdo para hacer posible el nombramiento. Fijaba también para el elegido un mandato de 6 años, precisamente para evitar dependencia alguna del Gobierno de turno. Recordemos que fue una propuesta de Rodríguez Zapatero apoyada por el PP en 2006.

A los pocos meses de llegar al Gobierno, el mismo Partido Popular y su presidente dejaron en suspenso la ley por medio de un decreto que permitía realizar el nombramiento con la mayoría absoluta, o sea, como se había hecho siempre para poner la radiotelevisión pública al servicio del partido gobernante. Y aquí surgen dudas sobre el carácter democrático de un sistema que permite a un Gobierno modificar de un plumazo una ley aprobada por el Congreso. Suena a república bananera, lo sé, pero así ocurrió.

Pocas semanas después de la decisión de Mariano Rajoy, el PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del que nada se sabe 5 años después. Entiendo que para el Tribunal Constitucional el artículo 20 de la Carta Magna es secundario y que hay derechos fundamentales que no lo son tanto. Y esa es su grave responsabilidad.

Por otra parte, llama la atención la falta de interés real con el que los partidos políticos contemplan la situación de RTVE, una empresa que pagamos todos los españoles para que no solo ofrezca un servicio público independiente, sino para que lo parezca. Y eso es lo que ocurre, más allá de si hay, hubo o habrá manipulación. No es únicamente un problema ético, sino estético. No se trata ya de discutir si el PP ha suspendido la ley de 2006 por razones económicas o partidistas ni de poner sobre la mesa los datos del CIS sobre la credibilidad informativa de la corporación o los del EGM sobre la pérdida de audiencia, sino de que haya una ley que impida que tal cosa pueda ser ni tan siquiera imaginada.

El debate sobre quién manipula más es absolutamente estéril. Lo único que importa, lo único imprescindible es, como indicaba la ley de 2006, “dotar a la radio y a la televisión de titularidad estatal de un régimen jurídico que garantice su independencia, neutralidad y objetividad”. Es algo que defienden en público todos los partidos y que, insisto, suscribió el PP en su día. Se trata de recuperar el sentido común y la coherencia. Y, por supuesto, blindar la ley para que ningún presidente pueda jamás saltarse una norma aprobada por los representantes de los ciudadanos mediante un simple decreto.

LA MANO DE RAJOY

Esta foto de EFE refleja con más exactitud que mil palabras la necesidad de que Rajoy dé por concluida su carrera política. Quizás no vio la mano protocolaria de Sánchez y no fue consciente del desplante. Lo más probable es que fuese la arrogancia lo que le impidiera recordar un gesto automático que ha repetido miles de veces en su vida. Probablemente haya sido consecuencia del aislamiento social en el que lleva viviendo tanto tiempo.

Los políticos de larga trayectoria son víctimas de un tipo de marginación que, a diferencia de la que conduce directamente a la miseria, acrecienta su vanidad, su soberbia y, a menudo, su indecencia. La altivez de Rajoy es directamente proporcional a su obstinada negación de la verdad. No vio o no quiso ver la mano de Sánchez de la misma forma que no vio la corrupción de todos aquellos indeseables a los que señaló con determinación como ejemplos a seguir.

En mi opinión, más relevante que la mano solitaria del líder socialista es la mano del presidente, despreocupada, ajena a lo que tiene ante sí, exactamente igual que desde hace ya demasiado tiempo.

ESPAÑA CAÑÍ

Hace cuarenta y tantos años llevaba una hermosa melena. Recuerdo a mi padre, anclado en la intolerancia de la época, poner a prueba mi integridad con advertencias serias de expulsarme del hogar si no eliminaba de mi cabeza aquella aberrante cabellera. Con el paso del tiempo se acostumbró y creo que los dos quedamos tan felices: él con su peinado de caballero español y yo con el de joven antisistema al que la vida debería domesticar.

Han pasado tantos años que es imposible que no hayamos cambiado todos al menos un poco. Sin embargo, siempre ha habido un ruido de fondo en nuestra sociedad por el que, si se observa con detenimiento, se puede comprobar que discurre el sombrío pasado.

Recuerdo que alguien me contó hace mucho tiempo que las viejas orquestas de verbena, en cuyo ADN llevaban grabado a fuego los ritmos más populares, cuando incorporaron el pop y el rock a su repertorio atendiendo la demanda de los jóvenes, mantenían en un plano casi inaudible el compás del pasodoble. Algo así sucede también en los usos y costumbres de esta España que se resiste a dejar de ser cañí. 

Seguramente esta es una de las razones por las que hay tanta gente que ve con desprecio, e incluso asco, que un político lleve rastas o coleta. Hay un ritmo obstinado y rancio que les impide entender que han sido individuos con corbata y damas con vestidos de marca las que les han robado durante décadas. Pero, puestos a elegir, parece que prefieren al corrupto antes que arriesgarse a ser representados por individuos con un aspecto que no es de fiar porque no se atisba en ellos, por más atención que se preste, ni el más mínimo indicio del familiar pasodoble.

Mi vieja e irrecuperable melena juvenil no era solo una elección estética, sino un claro gesto de rebeldía ante una sociedad a la que rechazaba tanto como ella a mí. Como todavía no soy ni tan mayor ni tan cínico como para olvidarme de aquello, no puedo evitar ver con respeto a quienes tienen la capacidad de escandalizar a los se niegan a aceptar que cada generación tiene derecho a soñar su propio mundo. Un mundo con otra banda sonora, sin pasodobles, y que quizás algún día sonará a otros jóvenes como algo parecido a un pasodoble.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CINISMO POLÍTICO

No les falta razón a los que lamentan que para que se defienda, sin matices, la libertad de expresión, hayan tenido que morir 12 personas. Es como si esa libertad irrenunciable cobrara un valor especial al teñirse de sangre, cuando en realidad es la vida de cada uno de los que la practican y respetan diariamente la que le da todo su sentido. La muerte solo nos demuestra, ni más ni menos, que son seres humanos, frágiles y valientes, los que a menudo la ejercen. Es por tanto en vida de quienes la practican públicamente, ya sea desde el periodismo, la política o la calle, cuando es más necesario preservarla.

Se ha calificado de cínicos a los líderes políticos que acudieron a la manifestación de París y que hicieron suyo el ya histórico “Je suis Charlie”. Gobernantes que legislan contra los intereses legítimos de sus conciudadanos y que han aprovechado la crisis económica para cercenar muchos de sus derechos. Pero no son los políticos los únicos cínicos en escena.

Las libertades de expresión e información corren peligro a diario desde siempre ante la pasividad política, social y profesional. Algunos periodistas (demasiados), venden sus servicios a intereses empresariales y políticos sin ningún pudor; y lo hacen en tal medida que a la mayoría de la gente ya le parece normal y, por tanto, legítimo. Pero no es así. No está más justificado en la prensa que en la política, donde ya la sociedad parece que ha comenzado a reaccionar. Un periodista que miente o manipula una noticia es como un juez prevaricador o un político corrupto. Ni más ni menos. Y el consumidor de ese tipo de información, por llamarla de alguna manera, que la acepta porque va bien a sus intereses materiales o ideológicos, es cómplice de esa podredumbre.

Chalie Hebdo es un ejemplo extremo de la práctica del derecho a la libertad expresión. La función de este tipo de publicaciones es precisamente poner a prueba el sistema y a los ciudadanos. Nos plantean hasta qué punto creemos que esa libertad debe ser protegida y si también la aceptamos cuando su contenido nos desagrada. Esa es la prueba de fuego a la que nos someten y, desgraciadamente, en la que algunos sucumben. Baste recordar la censura reciente de El Jueves tras la abdicación de Juan Carlos I y que impuso la empresa editora de la revista, o la famosa portada de Felipe y Letizia practicando sexo y que un juez retiró de los quioscos.

La diferencia entre la intransigencia de unos y otros está en el procedimiento que utilizan para cercenar la libertad. Pero no debemos olvidar que ambos comparten un mismo origen: la intolerancia. Es demagógico limitar nuestras responsabilidades al respeto a la vida (¡faltaría más!), como un valor que nos exime de cualquier otro compromiso. No es eso ya lo que esperamos de nuestro modelo democrático. Lo que debemos exigir, como lección suprema de la infame masacre de París, es que la libertad de expresión esté permanentemente protegida, y que sus únicos enemigos, nunca los que la sometan, sean solo los asesinos. 

TODOS CONTRA RTVE

Han pasado demasiados años de democracia como para que nadie pueda pensar que el PSOE y el PP hayan pretendido en algún momento implantar un modelo estable de financiación y gestión para RTVE. La última reforma (2009) realizada gracias al especial empeño de Zapatero, contemplaba la sincera intención de terminar con las injerencias gubernamentales en la información, toda una tradición desde los tiempos de Franco. Nunca hasta entonces se había conseguido la tan deseada independencia. La experiencia, breve pero suficiente como para demostrar que era posible en proporciones más que razonables, se esfumó con la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy. La elección del presidente de la Corporación tenía que realizarse con una mayoría de dos tercios del Congreso, lo que obligaba a consensuar su nombramiento. Con el acuerdo de PP y PSOE llegaron al cargo Luis Fernández y Alberto Oliart. El primero de ellos estableció las bases de una empresa moderna y profesionalizada. La continuidad de Fran Llorente en la Dirección de Informativos garantizó la tan añorada independencia del poder político y obtuvo el reconocimiento social y periodístico que TVE nunca antes había alcanzado, incluso en el ámbito internacional.

La misma ley que agradaba al PP en la oposición pasó a ser inadecuada cuando Rajoy tomó las riendas del país. El nombramiento de Echenique se hizo saltándose la norma, sin consenso, y desde entonces duerme en el Tribunal Constitucional el recurso presentado por los socialistas ante tan flagrante ilegalidad.

La ley de Zapatero era generosa en la elección del presidente de la Corporación, pero también lo fue con las televisiones privadas, ya que retiraba la publicidad como fuente principal de financiación y establecía un sistema de ingresos estatales y de empresas de telecomunicaciones que se han revelado como insuficientes. Las presiones de los grupos privados incluyeron la reducción de derechos de contenidos deportivos, cine y ficción propia. No daban puntada sin hilo. De manera que la aparente generosidad de Zapatero con la nueva RTVE escondía la intención real de debilitar la empresa pública en beneficio de las televisiones privadas. Un beneficio que no se quedaba ahí porque permitía a las cadenas más poderosas hacerse con las más pequeñas, como sucedió con la fusión de Tele 5 y Cuatro y de Antena 3 con La Sexta.

Curiosamente, el PSOE justificó el nuevo modelo en la pretensión de “garantizar la estabilidad de RTVE y favorecer su equilibrio presupuestario”. Quizá por eso, y porque el Gobierno del PP está muy interesado en una radiotelevisión pública solvente, acumuló 113 millones de pérdidas en 2013 y exige a sus directivos más recortes de producción y plantilla. Por cierto, la BBC tiene 23.000 empleados, frente a los 6.400 de RTVE, ejemplo irrebatible de qué modelo no desean para España.

Pese a las limitaciones de la ley de Zapatero, RTVE siguió liderando las audiencias con una programación de calidad y unos informativos de radio y televisión casi modélicos. Pero la llegada de Rajoy a La Moncloa consiguió lo que el modelo diseñado para beneficio de las cadenas privadas no había logrado: restarle credibilidad y audiencia, dos elementos que justifican por sí mismos un debilitamiento casi mortal.

El principal interés de los dos partidos que han gobernado España en las últimas décadas con respecto a los medios de comunicación, ha sido exclusivamente contar con grupos que les sirvan de plataforma para mantenerse en el poder o alcanzarlo. Cuando los medios privados han ido haciéndose con las audiencias y la financiación necesarias (gracias a la oportuna legislación) RTVE ha perdido su interés. Porque una radiotelevisión pública que merezca la pena tiene que estar al servicio de los ciudadanos y, por lo tanto, ha de ser independiente del poder político y contar con una financiación estable y suficiente. Y eso lo deciden ellos, aunque en realidad lo hacen los mismos ciudadanos con sus votos. 

PACO DE LUCÍA: VOZ DEL SILENCIO

Siempre he creído que mi alma es mitad flamenca y mitad afroamericana. Ambas culturas tienen elementos comunes que se proyectan emocionalmente con pasión. Hay en ellas la expresión de lo más hondo de todas las almas silenciadas del planeta. Los que no somos ellos, encontramos en su arte aquello que desde niños nos enseñaron a esconder. Lo que para nuestros educadores eran signos de debilidad, es para ellos la muestra de su grandeza de espíritu, su diferencia, su identidad.

Sí, soy mitad flamenco desde que acudí a un teatro de Sevilla a los 19 años. Mi alma rockera quedó hecha añicos con aquella música antigua, inexplicablemente cercana e inmortal. Me cautivó su ritmo y su compleja desnudez. Poco después y gracias al crítico Miguel Acal, asistí a alguna fiesta privada en casa de mis padres en Bormujos con Pedro Peña y Pedro Bacán. Recuerdo que me tiré de cabeza, a pesar de mi enfermiza timidez, a tocar palmas con ellos. Les sorprendió tanto como a mí que no destruyese el duende de aquellas largas e invernales madrugadas. Y yo, que hasta entonces había despreciado aquella música con la arrogancia de la juventud y la modernidad, me di cuenta de que una parte de mí era orgullosamente flamenca.

Recupero estos recuerdos ahora que ha muerto Paco de Lucía llevándose con él una parte de nosotros mismos. Porque el artista es el médium que da voz al grito enmudecido de nuestras almas.

POLÍTICOS SIN HONOR

Hacer lo contrario de lo que se promete, faltar a la palabra, mentir... Lo que antes se llamaba "persona de honor" es un modelo trasnochado que ningún político presenta ya como su principal virtud. Antes se daba por hecho que cualquier persona que hiciera una promesa, por humilde que fuera, empeñaba en ella su palabra, su dignidad.

Cuando se habla de pérdida de valores, pocas veces se pensará en el daño que causa a la sociedad, no solo en el ámbito de lo público, que nuestros representantes políticos se denigren cada día a sí mismos mediante una estrategia basada en el engaño impune y premeditado. Me resulta imposible saber si su actitud es el reflejo de una realidad social o es una práctica política que ha acabado impregnando a los ciudadanos que deciden apoyarlos en cada proceso electoral. No sería disparatado considerar que es fruto, en gran medida, del mensaje que transmiten sus líderes y algunos medios de comunicación, mediante el que se acepta, tácitamente, que cada partido tiene derecho a una cuota de corrupción en función de la que tenga su rival.

Los periodistas que a menudo hablamos en privado con políticos, sabemos bien que su discurso público difiere a menudo de lo que nos cuentan. Y lo hacen sin remordimientos, con naturalidad, como si ese comportamiento indecente formara parte de las reglas de un juego basado en la trampa y el engaño. Su prioridad es no hacer ningún movimiento que perjudique su carrera.

Encontramos entre ellos incumplimientos de gestión, como ha ocurrido con el PP tras las últimas elecciones y con el final de la etapa socialista de Zapatero, pero también una renuncia expresa a los principios. Rajoy ha terminado haciendo lo opuesto de lo que cabía esperar de él subiendo impuestos y asfixiando la economía. Zapatero terminó sus días como presidente dando los primeros pasos hacia un deterioro grave del estado del bienestar. Ambos tomaron decisiones que perjudicaban a los ciudadanos y beneficiaban a los poderes financieros. Y Rajoy continúa haciéndolo.

Más allá de lo que el incumplimiento de su palabra haya deslegitimado a ambos para gobernar, su forma de proceder es objetivamente indigna. Invocar intereses superiores a los del pueblo para faltar a la palabra evidencia, además de deshonor, que la democracia es la excusa perfecta de los poderes fácticos para mantener o ampliar sus privilegios. El daño que causa esta forma de gobierno afecta, en consecuencia, a la credibilidad del propio sistema y a la confianza del proyecto común que debe representar un estado.

Si a lo económico y al quebranto de la palabra añadimos la impunidad con la que actúan políticos corruptos o bajo serias sospechas de corrupción; el control del Gobierno sobre órganos judiciales; la negativa a asumir responsabilidades políticas por hechos de extrema gravedad, como la presunta financiación ilegal del PP o los ERE de Andalucía; la falta de democracia interna de los partidos; la intervención sobre los medios de comunicación públicos; el empecinamiento de PSOE y PP en mantener una ley electoral que margina a los partidos minoritarios y desprecia los votos de millones de ciudadanos... Si a la crisis económica sumamos todo esto, es razonable pensar que solo una catarsis podría devolvernos la esperanza.

Es imprescindible que se reforme el sistema de arriba a abajo, como en esa segunda transición que este país merece y necesita. Cambios que permitan a los ciudadanos participar activamente en política, que impidan a las mayorías absolutas legislar sobre pilares básicos de nuestro modelo social, como son la educación, la sanidad, la justicia, los derechos laborales, etc. Porque es inadmisible que un solo partido, al más puro estilo totalitario e incumpliendo su programa electoral, pueda romper con décadas de conquistas sociales y producir tasas de paro de posguerra para beneficiar al poder económico y, lo que es peor, en cumplimiento de sus órdenes.

La crisis económica ha demostrado que nuestra democracia, como otras muchas en Europa, es fraudulenta. Ha constatado que nuestros gobernantes son títeres de grupos de presión que defienden exclusivamente intereses privados. El PP ha ampliado la senda abierta por el PSOE, pero es a los socialistas a los que cabe la dehonra de haber sumido a la ciudadanía en la desesperanza.

Ningún país democrático que se precie toleraría que su presidente no asuma la responsabilidad de haber respaldado, tras su imputación judicial, al extesorero de su partido; de haberle pagado los abogados para intentar que no trascendiesen las presuntas irregularidades de su financiación o los sobresueldos en B que habría cobrado el propio presidente; de mantener su sueldo millonario, coche oficial, secretaria y despacho; de decir al presunto delincuente "hacemos lo que podemos, sé fuerte...".

Y todo esto tiene su origen en lo que decía al principio de este artículo: la falta de honor de nuestros políticos. Al final, la putrefacción colectiva tiene su origen en la actitud individual, en los silencios y las mentiras. En los diputados socialistas que aplaudieron a Zapatero cuando propuso las primeras medidas contra el pueblo y en los diputados populares que callan ante asuntos que les provocarían la máxima repugnancia si se produjeran en cualquier otro partido.

La transformación necesaria pasa por una renovación a fondo de los partidos, de su apertura a la sociedad mediante la participación de los mejores y de la renuncia inmediata a la política como profesión. A partir de ahí, el nuevo perfil de nuestros representantes deberá ser el de personas que se respeten a sí mismas, que actúen siempre en defensa de los derechos de los votantes y no de sus propios intereses, que consagren su vida pública al cumplimiento de sus principales compromisos y que estos sean responsables y realistas. En definitiva, se buscan ciudadanos honorables. Es urgente.

RAJOY Y LA TRADICIÓN DE NO DIMITIR

La crítica situación que vive Mariano Rajoy pone sobre la mesa la evidencia, una vez más, de que la cultura democrática española deja mucho que desear. Sin embargo, ha habido políticos españoles que han afrontado situaciones críticas de una manera correcta, aunque es verdad que no sin cierta resistencia.

Entre las más recientes está la del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, curiosamente forzado a hacerlo por el propio Rajoy. "Yo creo que hoy nadie quiere más al Partido Popular y a España que Francisco Camps. Nos ha dado a todos una lección de saber estar en política y de saber dar un paso atrás". Lo dijo el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons. Ahora dice sobre Bárcenas, sus acusaciones al presidente y al partido que “no se puede hacer el juego a un presunto delincuente frente al Gobierno de España”. Camps justificó su retirada como un sacrificio a favor de Rajoy a pesar de ser inocente. Quizá esperaban un gesto así del extesorero.

En el caso valenciano, relacionado con el caso Gürtel y en el que ya estaba presente Bárcenas, el PP actuó más para proteger al candidato Rajoy que por principios democráticos, tal y como se demuestra ahora. La situación del presidente del Gobierno y del Estado es infinitamente más grave que la de Camps y sus “ridículos” trajes.

Quizá no es casualidad que sea tan difícil encontrar políticos del PP de cierta relevancia que hayan decidido dejar sus cargos. Habría que recordar a Manuel Pimentel, que dimitió como ministro de Trabajo al considerarse políticamente responsable de la actuación de uno de sus colaboradores. Ahora, sin embargo, nadie se considera comprometido por haber nombrado y amparado durante décadas a un “delincuente” que hasta hace poco era un trabajador ejemplar con una estrechísima relación con la cúpula popular y el mismo Rajoy.

Encontramos más casos relevantes en el PSOE: Fernárdez Bermejo, Narcís Serra, García Vargas, Vicente Albero, Antoni Asunción, José Luis Corcuera, García Valverde o Alfonso Guerra. Todos ellos abandonaron sus cargos por considerarse políticamente responsables de actuaciones reprobables, no por decisiones judiciales. Ninguno de estos casos alcanzaba la gravedad actual.

Tampoco podemos olvidar la actuación de dos presidentes del Gobierno: Adolfo Suárez y Felipe González. Suárez dimitió al considerar que no podía seguir ante la falta de apoyo de su propio partido. Felipe González decidió convocar elecciones anticipadas tras producirse numerosos y graves casos de corrupción, aunque nunca asumió responsabilidades políticas por ninguno de ellos.

No parece que Rajoy tenga muchas más alternativas que las que ya se han dado en nuestra democracia. Ese “hacemos lo que podemos”, que escribió a Bárcenas desde su móvil, es una losa demasiado pesada para cualquiera, incluso para él.

RAJOY Y EL SITIO DE SU RECREO

Para Mariano Rajoy, el tiempo es un aliado, es viento a favor. Su peculiar forma de afrontar los problemas sin tomar decisiones, sin dar la cara, negándolos siempre y ocultándose de las incómodas preguntas de los periodistas, viene de antiguo y es improbable que pueda cambiar, como él mismo ha confirmado hoy ante el Comité Ejecutivo del Partido Popular.

Rajoy ha lanzado un mensaje de transparencia desde la opacidad de un acto en el que no se ha permitido a los periodistas formular preguntas. Y hay que recordar ahora que ya cuando Garzón sacó a la luz el caso Gürtel, cuando todavía Rajoy era líder de la oposición, en 6 meses no aceptó enfrentarse a la prensa ni una sola vez.

Quizá los motivos por los que adopta esta táctica ultradefensiva son la consecuencia de su limitada capacidad dialéctica. Su torpeza ha quedado de manifiesto muchas veces, como aquella en la que, por no entender su propia letra, pareció incapaz de explicar las políticas del PP para los jóvenes. Por tanto, no creo que sea ningún disparate pensar que su curiosa forma de administrar los tiempos sea, en buena parte, la expresión de sus propias limitaciones como líder político.

Hay que recordar que la marea negra del Prestige fueron para él simples “hilillos” de petróleo, y que en el caso Gürtel todos han sido inocentes para él, incluidos Camps y Bárcenas. "Yo quiero un Gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares", dijo en su día. Así que ahora también “todos” están limpios, incluida Ana Mato. Y afirmar que en el PP no hay dinero negro, cuando las investigaciones indican justamente lo contrario y el pasado nos recuerda a Naseiro, es inútil. Rajoy lo sabe y volverá al silencio, el sitio de su recreo.

Foto: Europa Press

¿GOBIERNO ILEGÍTIMO?

España tiene en estos momentos un Gobierno que carece de legitimidad para ejercer sus funciones. El movimiento 15-M hizo numerosas propuestas para convertir esta democracia representativa en un sistema que dé voz a los ciudadanos en el día a día y no solo cada 4 años. Tanto el Ejecutivo socialista de Zapatero como ahora el de Rajoy, han incumplido sus compromisos con los electores haciendo exactamente lo contrario de lo anunciado en sus programas electorales. Cuesta creer que quienes defienden esta democracia con tanta pasión no se den cuenta de que hay un injustificable vacío constitucional que permite gobernar a través del fraude. El Estado lo combate en todas sus formas, pero no cuando lo cometen los políticos.

Es cierto que hay un mecanismo que permite a los ciudadanos expresar su opinión: el referéndum. El artículo 92 de la Carta Magna dice que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo”, que debe proponer el presidente del Gobierno. Es más que improbable que, quien ha mentido a los ciudadanos, vaya a darles la oportunidad de utilizar una herramienta que fue pensada para servir a los intereses de quien ejerce el poder.

Rajoy reprochó públicamente a Zapatero haber realizado los mayores recortes sociales de la democracia y añadió: “yo lo que no llevo en mi programa no lo hago”. Era un compromiso contundente que no daba opción a justificaciones de ningún tipo para desdecirse. El mismo presidente del Gobierno ha admitido que está haciendo lo contrario de aquello a lo que se comprometió y lo ha justificado diciendo, entre otras cosas, que no tiene libertad para elegir. Ha reconocido que él no tiene capacidad para decidir (lo hace Bruselas) y que el país ha perdido soberanía en aspectos vitales de la gestión.

Dudo que haya “decisiones políticas” de más trascendencia que las que ha tomado Rajoy (y en su día Zapatero) que justifiquen un referéndum. Una consulta sobre esas decisiones lo sería también sobre su legitimidad para gobernar y sobre la pertenencia a una moneda que interesa especialmente a los países más prósperos, como Alemania, que parece decidida a conquistar Europa, esta vez con armamento económico, en una Tercera Guerra Mundial de guante blanco.

(Foto de Sergio Pérez. Agencia Reuters)

RTVE, UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

La decisión de Rajoy de poner únicamente en sus manos la elección del presidente de RTVE no solo es un error, sino una medida innecesaria, sobre todo si suponemos que hay en ella alguna buena intención, es decir, preocupación por afrontar sus problemas de financiación. La necesidad de que haya un responsable de la Corporación por carencia de gestión en un momento tan crítico como el actual, haría todavía más necesario que se hiciera por consenso. No era pedir peras al olmo esperar que si lo hubo para aprobar la ley y nombrar a sus dos primeros presidentes, la hubiera también en la nueva Legislatura. No se puede olvidar que la ley aprobada por el Gobierno de Zapatero era también la del Partido Popular. No debería molestarles, por lo tanto, que más de uno piense que les servía solo cuando eran oposición para no tener en contra una radiotelevisión pública gubernamental, pero no para cuando gobernaran porque no la tendrían a su favor.

Podríamos llegar a entender que la línea informativa de TVE no sea la más idónea para el PP, como tampoco lo fue para el PSOE. Zapatero admitió más de una vez que algunos de sus ministros se quejaban del trato recibido en los telediarios. También podemos entender que no gustara a los de Rajoy las noticias sobre Gürtel o los silencios clamorosos de su propio líder ante la crisis que vivió su partido por culpa de Camps y compañía. Pero en eso consiste el periodismo independiente y esa es la única consecuencia que cabe esperar cuando se elabora la información con criterios profesionales.

No debemos olvidar que todos los partidos políticos desean una información a su medida sea cual sea el medio. Cuando es público y hay una tradición de décadas de parcialidad, ese deseo se convierte en exigencia. Como he dicho en alguna otra ocasión en este mismo blog, las presiones sobre los medios se produce diariamente a todos los niveles. Desde la emisora de radio o el periódico más humilde de provincias al más poderoso de ámbito nacional. He vivido durante más de 30 años esa experiencia y en ambos niveles. Esas vivencias llevan a la conclusión de que la única forma de garantizar una información equilibrada a los ciudadanos (tienen ese derecho porque pagan por ello y porque la democracia lo exige) es ponerla en manos de los periodistas, es decir, el modelo compartido por PSOE y PP al que ha renunciado ahora Rajoy.

Unos y otros hace muchos años que ponen como modelo a seguir el de la BBC, pero hay una inercia en los políticos que los impulsa a alejarse de él. Algunos celebran ahora, por ejemplo, que el nuevo decreto elimine del Consejo de Administración a los sindicatos. Pues bien, en la BBC sí están representados.

Podemos entender que no gusten los telediarios a los partidos políticos, gobiernen o no, pero no parece de sentido común que si no hay consenso se recurra al dedo y al decreto. ¿Harían lo mismo con el Tribunal Constitucional? Con bloqueo o sin él, hay que respetar las reglas de juego si no se quiere caer en tentaciones antidemocráticas. Porque un Estado que niega al ciudadano el derecho a la información no puede ser considerado democrático. La intención (solamente la intención) de manipularla, es tan grave como hacerlo en el ámbito de la Justicia o en cualquier otro servicio público que tenga como objetivo proteger los derechos civiles.

De manera que lo que han venido haciendo PSOE y PP en las últimas décadas con las radiotelevisiones públicas (también las autonómicas) no es una simple travesura. La ley aprobada por consenso en 2006 parece haber sido un espejismo y algunos ingenuos, como yo mismo, creímos que marcaría una tendencia que, tarde o temprano, cambiaría las cosas en todos los medios públicos del Estado, pero lo cierto es que el modelo de RTVE quedó aislado y que el Partido Popular no creía en él.

Este es un asunto de principios, y mudar sobre ellos denota carencias éticas y democráticas muy preocupantes. Todavía tiene tiempo Rajoy para intentar un acuerdo con Rubalcaba, pero creer que eso es posible después de dotarse por decreto de una herramienta que desprecia diálogo y derechos sería una ingenuidad, una más.

INCENDIOS FORESTALES Y PALABRERÍA

Los que nos gobiernan saben bien que la información tiene fecha de caducidad y que, por muy perjudicial que les resulte, sus efectos se diluyen en el tiempo. En la Xunta de Galicia lo practican, o lo parece, respecto a los incendios forestales. Da igual el tamaño de la catástrofe porque llegarán otras y habrá mentiras y silencios que ayuden a olvidar.

El drama ha afectado ahora a las Fragas do Eume, pero en octubre de 2011 el fuego arrasaba miles de hectáreas en la provincia de Ourense en zonas como el Parque Natural do Xurés o la Serra do Invernadoiro, ambas también de gran valor ecológico. Las dos oleadas más recientes se han producido en épocas del año infrecuentes y, por lo tanto, sin medios de extinción suficientes para hacerles frente.

El enemigo es el fuego, dice la conselleira de Medio Rural. No hay medios ni personal suficientes y no se hace nada por prevenirlos. Nada. El Gobierno de Núñez Feijóo decidió eliminar hasta las ayudas que BNG y PSOE habían asignado a los ayuntamientos para proteger los núcleos rurales. También los servicios municipales de extinción (GRUMIR) corren el riesgo de desaparecer o debilitarse decisivamente porque la Xunta no garantiza las ayudas que necesitan.

Mientras todo esto sucede, mientras arden decenas de miles de hectáreas de monte en Galicia (11.000 de arbolado solo en estos días), a la Xunta lo único que le preocupa es ocultar la información y negar cualquier responsabilidad, como si gobernar Galicia no fuera cosa suya, más allá de sus propios intereses. La Consellería de Medio Rural informa únicamente de los fuegos superiores a 20 hectáreas. Si un medio de comunicación tiene noticia de alguno en concreto que sea inferior a esa cantidad, entonces sí facilitan la información. Pero su obsesivo control llega al extremo de reducir la superficie real afectada, desmintiendo sin ningún rubor los datos de alcaldes y profesionales de la extinción. Contrasta esta actitud, por cierto, con la de Protección Civil de Portugal, que ofrece en su web información en tiempo real de fuegos, superficie y medios que los combaten.

Debatir sobre sus causas mientras arde el patrimonio natural de Galicia es absurdo. Sabemos que el rural está desertizándose, entre otras cosas porque la Xunta no hace nada para evitarlo. Sabemos, sin embargo, que con medidas de prevención como la limpieza del monte y adecuados medios de extinción y buena coordinación, las consecuencias serían menores.

En octubre de 2011, la campaña se había dado por terminada y los medios eran insuficientes. Las brigadas que quedaban tenían una excesiva carga de horas de trabajo y el apoyo de los militares de la UME es más un gesto de buenas intenciones que algo efectivo, según trabajadores de la Xunta. En 5 meses han muerto en Ourense dos de ellos y Medio Rural sigue obsesionada con la ocultación de datos y no gastar más dinero. La responsabilidad de todo ello no es sólo del fuego o del que lo provoca, sino también de quien no hace lo que debe.

Las declaraciones del presidente Feijóo sobre el incendio de As Fragas do Eume parecen más las de un sheriff que las de un político con sentido de la responsabilidad. Decir que los incendios son provocados y que se perseguirá a los responsables no es suficiente. Pedir penas más duras tampoco resuelve nada. El sentido común recomienda reforzar los medios de extinción y no abandonar la prevención, como hizo Feijóo al poco de llegar a la Xunta. Todo lo demás es palabrería y manipulación.

EL NEGOCIO DE LA CRISIS (Una invención oportuna)

No tengo ni puñetera idea de economía, como de casi nada, pero creo que hago un uso razonable del sentido común. Lo vengo aplicando sobre la crisis económica desde que comencé a intuir lo que sucedía y ver sus consecuencias en la vida real. Y hay demasiadas cosas que no encajan.

No tengo ninguna intención de repasar en detalle cómo empezó todo y la forma en la que los gobiernos europeos, entre ellos el de España, han ido afrontándola. Hace un par de días leí a Wolfgang Munchau, codirector del Financial Times, y se hizo la luz: “no entiendo cómo alguien con formación macro-económica y con un mínimo de honestidad y decencia puede apoyar hoy la fantasía de que las políticas de austeridad estimulan la economía”. Esta reflexión por sí sola explica muchas de las razones por las que estamos como estamos.

Desde que los gobiernos tomaron las primeras medidas de austeridad y decidieron que para salir de la crisis era necesario eliminar o restringir políticas sociales y derechos laborales, tuve muy claro que lo que comenzó siendo un problema provocado por la economía especulativa se había convertido en una oportunidad única para que el poder económico que sustenta el sistema capitalista, recuperase el terreno perdido en las últimas décadas. El Estado del Bienestar, la conquista de derechos, ponían en peligro rancios privilegios de las clases poderosas. Los sistemas basados en la solidaridad resultan demasiado caros para una economía de mercado que recompensa la depredación y sólo la depredación.

Las sucesivas reformas laborales emprendidas en España por el Gobierno del PSOE y la aprobada ahora por el del PP, prueban que el objetivo de recuperar el mando por parte del poder económico y empresarial, mucho mejor representado por los ejecutivos de derechas que dominan Europa, encontró en la crisis la coartada perfecta.

Las políticas de austeridad en la Administración Pública tampoco son una excepción. El sacrosanto objetivo de controlar el déficit público supone la renuncia de los estados a prestar servicios pagados con los impuestos de los ciudadanos y las empresas. Sin embargo, en muchos casos los servicios esenciales no se abandonan, sino que se privatizan. Menos Estado es, para el capitalismo, más oportunidad de negocio.

La crisis ha servido, además, para reforzar el poder de otro de los pilares del modelo económico dominante: la economía especulativa. Necesaria y, en alguna medida, reguladora del mercado, su excesivo desarrollo la ha llevado a tener una dimensión mayor que la economía real, productora de bienes y servicios. Su dominio del mercado es tan avasallador que ha entrado en una espiral suicida. Los gobiernos democráticos se han convertido en títeres de los mercados y los ciudadanos perciben que los que toman las decisiones no son aquellos que eligen en las urnas, sino el FMI, el BCE, la banca, las grandes empresas… De alguna forma, parece que han convencido a los grandes partidos políticos de que, o se hace lo que ellos dicen, o se rompe la pelota. Es extraño que no se hayan dado cuenta de que, llegados a ese hipotético desastre universal, todos saldríamos perdiendo.

No tengo dudas, por tanto, de que una parte considerable de la crisis económica es virtual. Sirva de ejemplo lo que hacen los especuladores comprando seguros de impago sobre la deuda de España. Sin que haya razones objetivas, su compra masiva genera dudas sobre la solvencia del país, que cada vez debe desviar más recursos para pagar los intereses de la deuda en lugar de dedicarlos al bienestar de los ciudadanos. Sencillamente, los especuladores obtienen inmensos beneficios a costa de empobrecernos.

Volviendo a las últimas medidas del Gobierno español y a lo que dice Wolfgang Munchau, es indudable que los recortes en inversión y personal de las administraciones públicas y la precarización del empleo es absolutamente imposible que, por sí mismos, estimulen la economía. Persiguen, y así lo han reconocido muchos gobernantes, dar confianza a los mercados, cuando en gran medida son los propios mercados los que obtienen un mayor beneficio de la crisis.

Con una clase trabajadora empobrecida, es indudable que disminuye el consumo, y con él muchos sectores económicos ven reducidos sus ingresos y sus necesidades de crear empleo. Con un sector público que no invierte y unos niveles de consumo a la baja es absolutamente imposible que haya reactivación económica y, por consiguiente, una salida rápida de la crisis. De cualquier modo, no podemos olvidar que esa salida, sea cuando sea, se producirá después de que los poderes económicos hayan obtenido un botín muy valioso que exigirá, tarde o temprano, una rebelión ciudadana por la conquista de sus derechos perdidos.

La economía es también un estado de ánimo, como nos muestran cada día los especuladores. Muy oportunamente, los gobiernos se han ocupado con esmero, azuzados por la Unión Europea, de provocar el miedo en la ciudadanía. Porque si estamos mal nos garantizan que estaremos peor si no se hace lo que se debe, o sea, si no renunciamos resignadamente a unos derechos que, de pronto, se han convertido en incómodos privilegios.

BALTAR, EL AMO

José Luis Baltar se va. Muchos lo celebran. Partidos de la oposición, periodistas y ciudadanos anónimos que jamás le han votado. Se alegra también la cúpula del PP de Galicia con Feijóo y Rueda al frente.

Siento aguar la fiesta, pero no veo motivos para tanto regocijo. Baltar se marcha cuando quiere y como quiere, sin haber perdido nunca unas elecciones en 22 años y dejando las puertas abiertas a su hijo para que le suceda en el cargo. Se va tras haber visto a Cuiña, Cacharro y el mismísimo Fraga, irse por la puerta de atrás, contundentemente derrotados por las urnas o por la dirección del partido.

Baltar lo sabe y por eso ha insistido en decir que se va porque quiere y no porque nadie le haya obligado. También ha dado la clave de su éxito: el apoyo de las bases del PP ourensano. Ha dicho que los que mandan en los partidos son como veletas, pero que las bases son leales. 

Baltar se va con la cabeza alta por todo esto y porque deja todo atado y bien atado con su hijo al frente del PP provincial desde hace 2 años y la presidencia de la Diputación esperando. Se va satisfecho porque, gracias a las bases, venció a Feijóo en el congreso provincial en el que se impuso Manuel Baltar a pesar de la conspiración del presidente de la Xunta y sus leales.

Baltar se va satisfecho porque se le recordará como el único político del PP gallego que hizo frente a Fraga amenazándole con dejarlo en minoría si no daba a Ourense el trato que merecía. Admite que perdió ese pulso y que fracasó en su intento de “levantar” la provincia, pero seguro que habrá pensado que sobrevivir a un desafío así ante el mismísimo Patrón fue un éxito en sí mismo.

No hay motivo para la alegría en la oposición. PSOE y BNG fracasaron en sus denuncias públicas sobre la contratación de amigos, militantes, familiares y cargos del PP. Baltar se va sin haberse tenido que sentar nunca en el banquillo de los acusados, a pesar de que su gestión política ha sido, al menos éticamente, inadmisible. Baltar puede irse orgulloso también de haber contado con la ayuda de una oposición timorata, apática, ridícula.

FRAGA: ¿PASIÓN POR LA LIBERTAD?

La muerte de Manuel Fraga Iribarne me lleva a recordar, además de todo cuanto se está diciendo de él, lo que significó para la libertad de expresión e información en Galicia durante su largo período como presidente de la Xunta. Casi todas las reseñas que encontramos sobre su amplia biografía destacan su papel como aperturista del Franquismo por haber propuesto la Ley de Prensa. Me llama la atención que el presidente Rajoy haya destacado de Fraga su “pasión por la libertad”. Se puede y se deben destacar de su carrera algunos aspectos positivos, como el de integrar en el sistema democrático a muchos franquistas, su apuesta por la democracia en el Golpe del 23-F o su defensa de las autonomías. Pero no se puede decir esto sin recordar inmediatamente que muchas de sus actitudes, casi siempre contradictorias, fueron profundamente antidemocráticas: nunca condenó el Franquismo ni las dictaduras de Argentina y Chile; creyó en su día que las autonomías rompían la sagrada unidad de España o que la legalización del Partido Comunista era un golpe de estado.

Si Fraga era el progresista del Franquismo, no se puede decir que lo haya sido de la democracia. Como presidente de la Xunta dirigió una política feroz contra la libertad de información en Galicia. Durante su mandato no hubo un solo medio de comunicación gallego sobre el que no ejerciera un control férreo o lo intentara. Durante la crisis del Prestige, que acabó siendo su tumba política, sólo el grupo Prisa y Tele 5 ofrecían información veraz. Al margen de medios escritos de escasa influencia, surgieron en Internet algunos medios digitales que se convirtieron en una de las pocas fuentes informativas gallegas en las que se podía encontrar la verdad de lo que ocurría. Llegó a tal extremo ese control informativo que dirigía Jesús Pérez Varela (al que todos llamaban el “pequeño Goebbels”), que algunos periodistas escribían con seudónimo en esos medios marginales lo que no les permitían contar en sus empresas. No había en Galicia ni un solo periódico que pudiera trabajar con esa libertad por la que Fraga tenía pasión, según Mariano Rajoy.

Las radios y televisiones públicas fueron un modelo de manipulación comparable sólo a las de una dictadura. La RTVG era el Nodo gallego y no creo que nadie en su sano juicio pueda decir lo contrario. Desde la llegada de Aznar a la Moncloa, RTVE se convirtió en una réplica exacta de la gallega. Estaba expresamente prohibido reproducir imágenes de Fraga andando para ocultar su cojera. Estaba prohibido hablar de “marea negra” durante el Prestige.  Estaba prohibido contar la verdad de las vacas locas…

Fueron años oscuros para el periodismo y, por tanto, para la libertad de los gallegos. La única pasión que se vislumbraba en la Xunta de Fraga era la pasión por esconder la realidad. Pérez Varela realizaba un minucioso seguimiento de la información. Misteriosamente, los medios digitales sufrían ataques de hackers que los dejaban fuera de circulación durante días y sus editores y colaboradores recibían presiones. La caza de brujas duró demasiados años sin que en el resto de España se enterase casi nadie de lo que ocurría. Las listas negras de la RTVG fueron sólo la punta del iceberg, el principio de una obsesión en la que estuvo acompañado por numerosos periodistas y políticos sin escrúpulos.

Hablar de Manuel Fraga sin recordar su faceta de censor en democracia sería una injusticia, como también lo sería no recordar que, pese a ello, fue derrotado en las urnas.

El futuro de RTVE

Hace ya tiempo que se hacen quinielas sobre los cambios que supondrá para RTVE la llegada al Gobierno del Partido Popular. Incluso desde el propio partido ha habido insensatos que se han atrevido a apuntar sobre la cabeza de periodistas como Ana Pastor o el propio director de los informativos, Fran Llorente. En la propia corporación hay quienes se frotan las manos porque piensan que su proximidad al PP o su animadversión al PSOE les dará opciones para situarse en primera línea.

Así ha sido durante décadas y así quisieran que fuera siempre quienes vinculan su futuro profesional al partido de turno. Es cierto que esa “militancia” era lo exigido por los directores generales que ponían desde La Moncloa y que agradecían el cargo con una entrega irreprochable.

Parece que casi todos ignoran que la nueva ley aprobada por el Gobierno de Zapatero, e impulsada por él mismo, ha cambiado el escenario de forma radical. El presidente o presidenta de la corporación tendrán que pactarlo Rajoy y Rubalcaba, como antes lo hizo el propio Rajoy con Zapatero al nombrar a Luis Fernández y Alberto Oliart. Es verdad que después el PP ha criticado a ambos, aunque sin mucha convicción y excesiva subjetividad.

En los últimos 8 años, desde la llegada de Fran Llorente a la Dirección de Informativos, TVE no se ha hecho más que avanzar en el camino hacia la vieja utopía de que los medios de comunicación públicos sean independientes. La objetividad es algo a lo que sólo podemos aproximarnos desde una visión profesional de la información que no esté condicionada por las presiones políticas ni la ideología personal. 


Los periodistas estamos acostumbrados a las presiones desde todos los ámbitos, especialmente desde el político. Sabemos que, para los partidos y los gobiernos, casi todo lo que hacen tiene suficiente entidad para ser noticia. No es difícil que puedan entender que el tiempo de los informativos es limitado y que, por supuesto, hay otras noticias de interés que no son de carácter político. Seguramente lo entienden, pero no terminan de aceptar que haya un criterio periodístico por encima del suyo.

Lo que suceda a partir del nombramiento del nuev@ responsable de la CRTVE dependerá enteramente de él o ella. Porque una vez que se produzca su designación en el Congreso, su mandato será de 6 años y no podrá ser destituido a dedo, como antes, sino por la propia Cámara Baja y por razones objetivas. Esta es la clave del futuro de RTVE: la integridad e independencia de su próximo responsable. Y, desde luego, que Rajoy y Rubalcaba tengan el propósito de que así sea.

¿BANQUEROS O SAQUEADORES?

Acabamos de saber que los sueldos de los directivos de la banca española crecieron un 50% entre 2004 y 2010. El caso de las cajas de ahorro es el más sangrante, por cuanto se supone que tenían una finalidad social y en sus consejos de administración había una amplia representación del poder político que debería defender los intereses de los ciudadanos.

Curiosamente, las nacionalizadas CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia (NCG) y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) son las que más han abusado de esta práctica. En el caso de NCG, los sueldos de sus responsables crecieron una media del 68% mientras los beneficios caían un 47%.

No puedo creer que estos individuos y los consejos de administración que los sostenían creyeran que esta es una fórmula razonable, ni tan siquiera en una economía de mercado ultraliberal. La prosperidad de los directivos, a lo sumo, debería ser proporcional al beneficio que generase la actividad empresarial que gestionaban. Lo contrario es sencillamente un comportamiento indecente y, de no serlo, debería ser delictivo.

El reparto de indemnizaciones millonarias entre 3 altos cargos cesantes de las ex Caixa Galicia y Caixanova ascendía a 20 millones de euros. Lo de menos es si unos han renunciado a parte de ese dinero o no. Lo relevante es comprobar que los representantes de las instituciones públicas, particularmente la Xunta de Galicia, han permitido que esos contratos blindados fueran aprobados. Es intolerable que los mismos incompetentes personajes que han llevado a las cajas a la situación en la que se encuentran, se vayan con los bolsillos llenos después de haberse subido los sueldos hasta niveles de escándalo. Mírese como se mire, ya sea desde el punto de vista meramente empresarial como ético,  no hay ninguna razón que lo justifique.

Mientras las administraciones públicas aplican recortes drásticos a sus presupuestos, no se puede tolerar que quienes nos han llevado a la crisis y recibido ayudas del Estado, se vayan a sus casas con la opulencia de unos impunes salteadores.

Como he dicho en otros muchos casos en los que la ética está por debajo de la ley, ya es hora de que los partidos políticos pongan coto a desmanes de este tipo legislando en consecuencia. Que no se extrañen los políticos cuando la gente tiene una opinión tan pobre de su actividad porque es cierto que los únicos responsables de que se pueda burlar la ley, el sentido común o la ética, son los legisladores. Sí, esos mismos que nos piden el voto ahora.

UNA DE CACIQUES Y APRENDICES

Pocas cosas me molestan más en esto de lo público que la afirmación de que todos los políticos son iguales. Ni todos los políticos ni todos los partidos. Es cierto que la globalización de las políticas económicas ha supuesto una disminución de la autonomía de los gobiernos, pero hay margen suficiente todavía para que las prioridades marquen diferencias sustanciales.  Sin embargo, los políticos se igualan más de lo deseable en la gestión de la ética. Es en ese ámbito en el que más fácilmente encontramos comportamientos similares o idénticos. Lo podemos comprobar cuando un partido exige a otro “responsabilidades políticas” que se niega a asumir cuando el escándalo cambia de color.

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE MANUEL FRAGA

Manuel Fraga se jubila a punto de cumplir los 89 años. Una noticia sorprendente para quienes nos habíamos acostumbrado tanto a su presencia que le teníamos por inmortal. Y su final en la actividad pública, como no podía ser de otra manera, ha reabierto la polémica sobre su controvertida figura.

Comenzó su carrera política como ministro de Franco al frente del Ministerio de Información y Turismo, una etapa de la que siempre presumió, eso sí, obviando sus servicios al dictador. En ese contexto, Fraga pasó por aperturista a través, por ejemplo, de una Ley de Prensa que eliminaba la censura previa. Es cierto que el turismo se convierte en la principal fuente de ingresos del país, pero también que informa de la ejecución de presos políticos como Grimau, al que se refirió como “ese caballerete”.