¿GOBIERNO ILEGÍTIMO?

España tiene en estos momentos un Gobierno que carece de legitimidad para ejercer sus funciones. El movimiento 15-M hizo numerosas propuestas para convertir esta democracia representativa en un sistema que dé voz a los ciudadanos en el día a día y no solo cada 4 años. Tanto el Ejecutivo socialista de Zapatero como ahora el de Rajoy, han incumplido sus compromisos con los electores haciendo exactamente lo contrario de lo anunciado en sus programas electorales. Cuesta creer que quienes defienden esta democracia con tanta pasión no se den cuenta de que hay un injustificable vacío constitucional que permite gobernar a través del fraude. El Estado lo combate en todas sus formas, pero no cuando lo cometen los políticos.

Es cierto que hay un mecanismo que permite a los ciudadanos expresar su opinión: el referéndum. El artículo 92 de la Carta Magna dice que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo”, que debe proponer el presidente del Gobierno. Es más que improbable que, quien ha mentido a los ciudadanos, vaya a darles la oportunidad de utilizar una herramienta que fue pensada para servir a los intereses de quien ejerce el poder.

Rajoy reprochó públicamente a Zapatero haber realizado los mayores recortes sociales de la democracia y añadió: “yo lo que no llevo en mi programa no lo hago”. Era un compromiso contundente que no daba opción a justificaciones de ningún tipo para desdecirse. El mismo presidente del Gobierno ha admitido que está haciendo lo contrario de aquello a lo que se comprometió y lo ha justificado diciendo, entre otras cosas, que no tiene libertad para elegir. Ha reconocido que él no tiene capacidad para decidir (lo hace Bruselas) y que el país ha perdido soberanía en aspectos vitales de la gestión.

Dudo que haya “decisiones políticas” de más trascendencia que las que ha tomado Rajoy (y en su día Zapatero) que justifiquen un referéndum. Una consulta sobre esas decisiones lo sería también sobre su legitimidad para gobernar y sobre la pertenencia a una moneda que interesa especialmente a los países más prósperos, como Alemania, que parece decidida a conquistar Europa, esta vez con armamento económico, en una Tercera Guerra Mundial de guante blanco.

(Foto de Sergio Pérez. Agencia Reuters)

RTVE, UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

La decisión de Rajoy de poner únicamente en sus manos la elección del presidente de RTVE no solo es un error, sino una medida innecesaria, sobre todo si suponemos que hay en ella alguna buena intención, es decir, preocupación por afrontar sus problemas de financiación. La necesidad de que haya un responsable de la Corporación por carencia de gestión en un momento tan crítico como el actual, haría todavía más necesario que se hiciera por consenso. No era pedir peras al olmo esperar que si lo hubo para aprobar la ley y nombrar a sus dos primeros presidentes, la hubiera también en la nueva Legislatura. No se puede olvidar que la ley aprobada por el Gobierno de Zapatero era también la del Partido Popular. No debería molestarles, por lo tanto, que más de uno piense que les servía solo cuando eran oposición para no tener en contra una radiotelevisión pública gubernamental, pero no para cuando gobernaran porque no la tendrían a su favor.

Podríamos llegar a entender que la línea informativa de TVE no sea la más idónea para el PP, como tampoco lo fue para el PSOE. Zapatero admitió más de una vez que algunos de sus ministros se quejaban del trato recibido en los telediarios. También podemos entender que no gustara a los de Rajoy las noticias sobre Gürtel o los silencios clamorosos de su propio líder ante la crisis que vivió su partido por culpa de Camps y compañía. Pero en eso consiste el periodismo independiente y esa es la única consecuencia que cabe esperar cuando se elabora la información con criterios profesionales.

No debemos olvidar que todos los partidos políticos desean una información a su medida sea cual sea el medio. Cuando es público y hay una tradición de décadas de parcialidad, ese deseo se convierte en exigencia. Como he dicho en alguna otra ocasión en este mismo blog, las presiones sobre los medios se produce diariamente a todos los niveles. Desde la emisora de radio o el periódico más humilde de provincias al más poderoso de ámbito nacional. He vivido durante más de 30 años esa experiencia y en ambos niveles. Esas vivencias llevan a la conclusión de que la única forma de garantizar una información equilibrada a los ciudadanos (tienen ese derecho porque pagan por ello y porque la democracia lo exige) es ponerla en manos de los periodistas, es decir, el modelo compartido por PSOE y PP al que ha renunciado ahora Rajoy.

Unos y otros hace muchos años que ponen como modelo a seguir el de la BBC, pero hay una inercia en los políticos que los impulsa a alejarse de él. Algunos celebran ahora, por ejemplo, que el nuevo decreto elimine del Consejo de Administración a los sindicatos. Pues bien, en la BBC sí están representados.

Podemos entender que no gusten los telediarios a los partidos políticos, gobiernen o no, pero no parece de sentido común que si no hay consenso se recurra al dedo y al decreto. ¿Harían lo mismo con el Tribunal Constitucional? Con bloqueo o sin él, hay que respetar las reglas de juego si no se quiere caer en tentaciones antidemocráticas. Porque un Estado que niega al ciudadano el derecho a la información no puede ser considerado democrático. La intención (solamente la intención) de manipularla, es tan grave como hacerlo en el ámbito de la Justicia o en cualquier otro servicio público que tenga como objetivo proteger los derechos civiles.

De manera que lo que han venido haciendo PSOE y PP en las últimas décadas con las radiotelevisiones públicas (también las autonómicas) no es una simple travesura. La ley aprobada por consenso en 2006 parece haber sido un espejismo y algunos ingenuos, como yo mismo, creímos que marcaría una tendencia que, tarde o temprano, cambiaría las cosas en todos los medios públicos del Estado, pero lo cierto es que el modelo de RTVE quedó aislado y que el Partido Popular no creía en él.

Este es un asunto de principios, y mudar sobre ellos denota carencias éticas y democráticas muy preocupantes. Todavía tiene tiempo Rajoy para intentar un acuerdo con Rubalcaba, pero creer que eso es posible después de dotarse por decreto de una herramienta que desprecia diálogo y derechos sería una ingenuidad, una más.

INCENDIOS FORESTALES Y PALABRERÍA

Los que nos gobiernan saben bien que la información tiene fecha de caducidad y que, por muy perjudicial que les resulte, sus efectos se diluyen en el tiempo. En la Xunta de Galicia lo practican, o lo parece, respecto a los incendios forestales. Da igual el tamaño de la catástrofe porque llegarán otras y habrá mentiras y silencios que ayuden a olvidar.

El drama ha afectado ahora a las Fragas do Eume, pero en octubre de 2011 el fuego arrasaba miles de hectáreas en la provincia de Ourense en zonas como el Parque Natural do Xurés o la Serra do Invernadoiro, ambas también de gran valor ecológico. Las dos oleadas más recientes se han producido en épocas del año infrecuentes y, por lo tanto, sin medios de extinción suficientes para hacerles frente.

El enemigo es el fuego, dice la conselleira de Medio Rural. No hay medios ni personal suficientes y no se hace nada por prevenirlos. Nada. El Gobierno de Núñez Feijóo decidió eliminar hasta las ayudas que BNG y PSOE habían asignado a los ayuntamientos para proteger los núcleos rurales. También los servicios municipales de extinción (GRUMIR) corren el riesgo de desaparecer o debilitarse decisivamente porque la Xunta no garantiza las ayudas que necesitan.

Mientras todo esto sucede, mientras arden decenas de miles de hectáreas de monte en Galicia (11.000 de arbolado solo en estos días), a la Xunta lo único que le preocupa es ocultar la información y negar cualquier responsabilidad, como si gobernar Galicia no fuera cosa suya, más allá de sus propios intereses. La Consellería de Medio Rural informa únicamente de los fuegos superiores a 20 hectáreas. Si un medio de comunicación tiene noticia de alguno en concreto que sea inferior a esa cantidad, entonces sí facilitan la información. Pero su obsesivo control llega al extremo de reducir la superficie real afectada, desmintiendo sin ningún rubor los datos de alcaldes y profesionales de la extinción. Contrasta esta actitud, por cierto, con la de Protección Civil de Portugal, que ofrece en su web información en tiempo real de fuegos, superficie y medios que los combaten.

Debatir sobre sus causas mientras arde el patrimonio natural de Galicia es absurdo. Sabemos que el rural está desertizándose, entre otras cosas porque la Xunta no hace nada para evitarlo. Sabemos, sin embargo, que con medidas de prevención como la limpieza del monte y adecuados medios de extinción y buena coordinación, las consecuencias serían menores.

En octubre de 2011, la campaña se había dado por terminada y los medios eran insuficientes. Las brigadas que quedaban tenían una excesiva carga de horas de trabajo y el apoyo de los militares de la UME es más un gesto de buenas intenciones que algo efectivo, según trabajadores de la Xunta. En 5 meses han muerto en Ourense dos de ellos y Medio Rural sigue obsesionada con la ocultación de datos y no gastar más dinero. La responsabilidad de todo ello no es sólo del fuego o del que lo provoca, sino también de quien no hace lo que debe.

Las declaraciones del presidente Feijóo sobre el incendio de As Fragas do Eume parecen más las de un sheriff que las de un político con sentido de la responsabilidad. Decir que los incendios son provocados y que se perseguirá a los responsables no es suficiente. Pedir penas más duras tampoco resuelve nada. El sentido común recomienda reforzar los medios de extinción y no abandonar la prevención, como hizo Feijóo al poco de llegar a la Xunta. Todo lo demás es palabrería y manipulación.

EL NEGOCIO DE LA CRISIS (Una invención oportuna)

No tengo ni puñetera idea de economía, como de casi nada, pero creo que hago un uso razonable del sentido común. Lo vengo aplicando sobre la crisis económica desde que comencé a intuir lo que sucedía y ver sus consecuencias en la vida real. Y hay demasiadas cosas que no encajan.

No tengo ninguna intención de repasar en detalle cómo empezó todo y la forma en la que los gobiernos europeos, entre ellos el de España, han ido afrontándola. Hace un par de días leí a Wolfgang Munchau, codirector del Financial Times, y se hizo la luz: “no entiendo cómo alguien con formación macro-económica y con un mínimo de honestidad y decencia puede apoyar hoy la fantasía de que las políticas de austeridad estimulan la economía”. Esta reflexión por sí sola explica muchas de las razones por las que estamos como estamos.

Desde que los gobiernos tomaron las primeras medidas de austeridad y decidieron que para salir de la crisis era necesario eliminar o restringir políticas sociales y derechos laborales, tuve muy claro que lo que comenzó siendo un problema provocado por la economía especulativa se había convertido en una oportunidad única para que el poder económico que sustenta el sistema capitalista, recuperase el terreno perdido en las últimas décadas. El Estado del Bienestar, la conquista de derechos, ponían en peligro rancios privilegios de las clases poderosas. Los sistemas basados en la solidaridad resultan demasiado caros para una economía de mercado que recompensa la depredación y sólo la depredación.

Las sucesivas reformas laborales emprendidas en España por el Gobierno del PSOE y la aprobada ahora por el del PP, prueban que el objetivo de recuperar el mando por parte del poder económico y empresarial, mucho mejor representado por los ejecutivos de derechas que dominan Europa, encontró en la crisis la coartada perfecta.

Las políticas de austeridad en la Administración Pública tampoco son una excepción. El sacrosanto objetivo de controlar el déficit público supone la renuncia de los estados a prestar servicios pagados con los impuestos de los ciudadanos y las empresas. Sin embargo, en muchos casos los servicios esenciales no se abandonan, sino que se privatizan. Menos Estado es, para el capitalismo, más oportunidad de negocio.

La crisis ha servido, además, para reforzar el poder de otro de los pilares del modelo económico dominante: la economía especulativa. Necesaria y, en alguna medida, reguladora del mercado, su excesivo desarrollo la ha llevado a tener una dimensión mayor que la economía real, productora de bienes y servicios. Su dominio del mercado es tan avasallador que ha entrado en una espiral suicida. Los gobiernos democráticos se han convertido en títeres de los mercados y los ciudadanos perciben que los que toman las decisiones no son aquellos que eligen en las urnas, sino el FMI, el BCE, la banca, las grandes empresas… De alguna forma, parece que han convencido a los grandes partidos políticos de que, o se hace lo que ellos dicen, o se rompe la pelota. Es extraño que no se hayan dado cuenta de que, llegados a ese hipotético desastre universal, todos saldríamos perdiendo.

No tengo dudas, por tanto, de que una parte considerable de la crisis económica es virtual. Sirva de ejemplo lo que hacen los especuladores comprando seguros de impago sobre la deuda de España. Sin que haya razones objetivas, su compra masiva genera dudas sobre la solvencia del país, que cada vez debe desviar más recursos para pagar los intereses de la deuda en lugar de dedicarlos al bienestar de los ciudadanos. Sencillamente, los especuladores obtienen inmensos beneficios a costa de empobrecernos.

Volviendo a las últimas medidas del Gobierno español y a lo que dice Wolfgang Munchau, es indudable que los recortes en inversión y personal de las administraciones públicas y la precarización del empleo es absolutamente imposible que, por sí mismos, estimulen la economía. Persiguen, y así lo han reconocido muchos gobernantes, dar confianza a los mercados, cuando en gran medida son los propios mercados los que obtienen un mayor beneficio de la crisis.

Con una clase trabajadora empobrecida, es indudable que disminuye el consumo, y con él muchos sectores económicos ven reducidos sus ingresos y sus necesidades de crear empleo. Con un sector público que no invierte y unos niveles de consumo a la baja es absolutamente imposible que haya reactivación económica y, por consiguiente, una salida rápida de la crisis. De cualquier modo, no podemos olvidar que esa salida, sea cuando sea, se producirá después de que los poderes económicos hayan obtenido un botín muy valioso que exigirá, tarde o temprano, una rebelión ciudadana por la conquista de sus derechos perdidos.

La economía es también un estado de ánimo, como nos muestran cada día los especuladores. Muy oportunamente, los gobiernos se han ocupado con esmero, azuzados por la Unión Europea, de provocar el miedo en la ciudadanía. Porque si estamos mal nos garantizan que estaremos peor si no se hace lo que se debe, o sea, si no renunciamos resignadamente a unos derechos que, de pronto, se han convertido en incómodos privilegios.

BALTAR, EL AMO

José Luis Baltar se va. Muchos lo celebran. Partidos de la oposición, periodistas y ciudadanos anónimos que jamás le han votado. Se alegra también la cúpula del PP de Galicia con Feijóo y Rueda al frente.

Siento aguar la fiesta, pero no veo motivos para tanto regocijo. Baltar se marcha cuando quiere y como quiere, sin haber perdido nunca unas elecciones en 22 años y dejando las puertas abiertas a su hijo para que le suceda en el cargo. Se va tras haber visto a Cuiña, Cacharro y el mismísimo Fraga, irse por la puerta de atrás, contundentemente derrotados por las urnas o por la dirección del partido.

Baltar lo sabe y por eso ha insistido en decir que se va porque quiere y no porque nadie le haya obligado. También ha dado la clave de su éxito: el apoyo de las bases del PP ourensano. Ha dicho que los que mandan en los partidos son como veletas, pero que las bases son leales. 

Baltar se va con la cabeza alta por todo esto y porque deja todo atado y bien atado con su hijo al frente del PP provincial desde hace 2 años y la presidencia de la Diputación esperando. Se va satisfecho porque, gracias a las bases, venció a Feijóo en el congreso provincial en el que se impuso Manuel Baltar a pesar de la conspiración del presidente de la Xunta y sus leales.

Baltar se va satisfecho porque se le recordará como el único político del PP gallego que hizo frente a Fraga amenazándole con dejarlo en minoría si no daba a Ourense el trato que merecía. Admite que perdió ese pulso y que fracasó en su intento de “levantar” la provincia, pero seguro que habrá pensado que sobrevivir a un desafío así ante el mismísimo Patrón fue un éxito en sí mismo.

No hay motivo para la alegría en la oposición. PSOE y BNG fracasaron en sus denuncias públicas sobre la contratación de amigos, militantes, familiares y cargos del PP. Baltar se va sin haberse tenido que sentar nunca en el banquillo de los acusados, a pesar de que su gestión política ha sido, al menos éticamente, inadmisible. Baltar puede irse orgulloso también de haber contado con la ayuda de una oposición timorata, apática, ridícula.

FRAGA: ¿PASIÓN POR LA LIBERTAD?

La muerte de Manuel Fraga Iribarne me lleva a recordar, además de todo cuanto se está diciendo de él, lo que significó para la libertad de expresión e información en Galicia durante su largo período como presidente de la Xunta. Casi todas las reseñas que encontramos sobre su amplia biografía destacan su papel como aperturista del Franquismo por haber propuesto la Ley de Prensa. Me llama la atención que el presidente Rajoy haya destacado de Fraga su “pasión por la libertad”. Se puede y se deben destacar de su carrera algunos aspectos positivos, como el de integrar en el sistema democrático a muchos franquistas, su apuesta por la democracia en el Golpe del 23-F o su defensa de las autonomías. Pero no se puede decir esto sin recordar inmediatamente que muchas de sus actitudes, casi siempre contradictorias, fueron profundamente antidemocráticas: nunca condenó el Franquismo ni las dictaduras de Argentina y Chile; creyó en su día que las autonomías rompían la sagrada unidad de España o que la legalización del Partido Comunista era un golpe de estado.

Si Fraga era el progresista del Franquismo, no se puede decir que lo haya sido de la democracia. Como presidente de la Xunta dirigió una política feroz contra la libertad de información en Galicia. Durante su mandato no hubo un solo medio de comunicación gallego sobre el que no ejerciera un control férreo o lo intentara. Durante la crisis del Prestige, que acabó siendo su tumba política, sólo el grupo Prisa y Tele 5 ofrecían información veraz. Al margen de medios escritos de escasa influencia, surgieron en Internet algunos medios digitales que se convirtieron en una de las pocas fuentes informativas gallegas en las que se podía encontrar la verdad de lo que ocurría. Llegó a tal extremo ese control informativo que dirigía Jesús Pérez Varela (al que todos llamaban el “pequeño Goebbels”), que algunos periodistas escribían con seudónimo en esos medios marginales lo que no les permitían contar en sus empresas. No había en Galicia ni un solo periódico que pudiera trabajar con esa libertad por la que Fraga tenía pasión, según Mariano Rajoy.

Las radios y televisiones públicas fueron un modelo de manipulación comparable sólo a las de una dictadura. La RTVG era el Nodo gallego y no creo que nadie en su sano juicio pueda decir lo contrario. Desde la llegada de Aznar a la Moncloa, RTVE se convirtió en una réplica exacta de la gallega. Estaba expresamente prohibido reproducir imágenes de Fraga andando para ocultar su cojera. Estaba prohibido hablar de “marea negra” durante el Prestige.  Estaba prohibido contar la verdad de las vacas locas…

Fueron años oscuros para el periodismo y, por tanto, para la libertad de los gallegos. La única pasión que se vislumbraba en la Xunta de Fraga era la pasión por esconder la realidad. Pérez Varela realizaba un minucioso seguimiento de la información. Misteriosamente, los medios digitales sufrían ataques de hackers que los dejaban fuera de circulación durante días y sus editores y colaboradores recibían presiones. La caza de brujas duró demasiados años sin que en el resto de España se enterase casi nadie de lo que ocurría. Las listas negras de la RTVG fueron sólo la punta del iceberg, el principio de una obsesión en la que estuvo acompañado por numerosos periodistas y políticos sin escrúpulos.

Hablar de Manuel Fraga sin recordar su faceta de censor en democracia sería una injusticia, como también lo sería no recordar que, pese a ello, fue derrotado en las urnas.