RTVE, UNA CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

La decisión de Rajoy de poner únicamente en sus manos la elección del presidente de RTVE no solo es un error, sino una medida innecesaria, sobre todo si suponemos que hay en ella alguna buena intención, es decir, preocupación por afrontar sus problemas de financiación. La necesidad de que haya un responsable de la Corporación por carencia de gestión en un momento tan crítico como el actual, haría todavía más necesario que se hiciera por consenso. No era pedir peras al olmo esperar que si lo hubo para aprobar la ley y nombrar a sus dos primeros presidentes, la hubiera también en la nueva Legislatura. No se puede olvidar que la ley aprobada por el Gobierno de Zapatero era también la del Partido Popular. No debería molestarles, por lo tanto, que más de uno piense que les servía solo cuando eran oposición para no tener en contra una radiotelevisión pública gubernamental, pero no para cuando gobernaran porque no la tendrían a su favor.

Podríamos llegar a entender que la línea informativa de TVE no sea la más idónea para el PP, como tampoco lo fue para el PSOE. Zapatero admitió más de una vez que algunos de sus ministros se quejaban del trato recibido en los telediarios. También podemos entender que no gustara a los de Rajoy las noticias sobre Gürtel o los silencios clamorosos de su propio líder ante la crisis que vivió su partido por culpa de Camps y compañía. Pero en eso consiste el periodismo independiente y esa es la única consecuencia que cabe esperar cuando se elabora la información con criterios profesionales.

No debemos olvidar que todos los partidos políticos desean una información a su medida sea cual sea el medio. Cuando es público y hay una tradición de décadas de parcialidad, ese deseo se convierte en exigencia. Como he dicho en alguna otra ocasión en este mismo blog, las presiones sobre los medios se produce diariamente a todos los niveles. Desde la emisora de radio o el periódico más humilde de provincias al más poderoso de ámbito nacional. He vivido durante más de 30 años esa experiencia y en ambos niveles. Esas vivencias llevan a la conclusión de que la única forma de garantizar una información equilibrada a los ciudadanos (tienen ese derecho porque pagan por ello y porque la democracia lo exige) es ponerla en manos de los periodistas, es decir, el modelo compartido por PSOE y PP al que ha renunciado ahora Rajoy.

Unos y otros hace muchos años que ponen como modelo a seguir el de la BBC, pero hay una inercia en los políticos que los impulsa a alejarse de él. Algunos celebran ahora, por ejemplo, que el nuevo decreto elimine del Consejo de Administración a los sindicatos. Pues bien, en la BBC sí están representados.

Podemos entender que no gusten los telediarios a los partidos políticos, gobiernen o no, pero no parece de sentido común que si no hay consenso se recurra al dedo y al decreto. ¿Harían lo mismo con el Tribunal Constitucional? Con bloqueo o sin él, hay que respetar las reglas de juego si no se quiere caer en tentaciones antidemocráticas. Porque un Estado que niega al ciudadano el derecho a la información no puede ser considerado democrático. La intención (solamente la intención) de manipularla, es tan grave como hacerlo en el ámbito de la Justicia o en cualquier otro servicio público que tenga como objetivo proteger los derechos civiles.

De manera que lo que han venido haciendo PSOE y PP en las últimas décadas con las radiotelevisiones públicas (también las autonómicas) no es una simple travesura. La ley aprobada por consenso en 2006 parece haber sido un espejismo y algunos ingenuos, como yo mismo, creímos que marcaría una tendencia que, tarde o temprano, cambiaría las cosas en todos los medios públicos del Estado, pero lo cierto es que el modelo de RTVE quedó aislado y que el Partido Popular no creía en él.

Este es un asunto de principios, y mudar sobre ellos denota carencias éticas y democráticas muy preocupantes. Todavía tiene tiempo Rajoy para intentar un acuerdo con Rubalcaba, pero creer que eso es posible después de dotarse por decreto de una herramienta que desprecia diálogo y derechos sería una ingenuidad, una más.

INCENDIOS FORESTALES Y PALABRERÍA

Los que nos gobiernan saben bien que la información tiene fecha de caducidad y que, por muy perjudicial que les resulte, sus efectos se diluyen en el tiempo. En la Xunta de Galicia lo practican, o lo parece, respecto a los incendios forestales. Da igual el tamaño de la catástrofe porque llegarán otras y habrá mentiras y silencios que ayuden a olvidar.

El drama ha afectado ahora a las Fragas do Eume, pero en octubre de 2011 el fuego arrasaba miles de hectáreas en la provincia de Ourense en zonas como el Parque Natural do Xurés o la Serra do Invernadoiro, ambas también de gran valor ecológico. Las dos oleadas más recientes se han producido en épocas del año infrecuentes y, por lo tanto, sin medios de extinción suficientes para hacerles frente.

El enemigo es el fuego, dice la conselleira de Medio Rural. No hay medios ni personal suficientes y no se hace nada por prevenirlos. Nada. El Gobierno de Núñez Feijóo decidió eliminar hasta las ayudas que BNG y PSOE habían asignado a los ayuntamientos para proteger los núcleos rurales. También los servicios municipales de extinción (GRUMIR) corren el riesgo de desaparecer o debilitarse decisivamente porque la Xunta no garantiza las ayudas que necesitan.

Mientras todo esto sucede, mientras arden decenas de miles de hectáreas de monte en Galicia (11.000 de arbolado solo en estos días), a la Xunta lo único que le preocupa es ocultar la información y negar cualquier responsabilidad, como si gobernar Galicia no fuera cosa suya, más allá de sus propios intereses. La Consellería de Medio Rural informa únicamente de los fuegos superiores a 20 hectáreas. Si un medio de comunicación tiene noticia de alguno en concreto que sea inferior a esa cantidad, entonces sí facilitan la información. Pero su obsesivo control llega al extremo de reducir la superficie real afectada, desmintiendo sin ningún rubor los datos de alcaldes y profesionales de la extinción. Contrasta esta actitud, por cierto, con la de Protección Civil de Portugal, que ofrece en su web información en tiempo real de fuegos, superficie y medios que los combaten.

Debatir sobre sus causas mientras arde el patrimonio natural de Galicia es absurdo. Sabemos que el rural está desertizándose, entre otras cosas porque la Xunta no hace nada para evitarlo. Sabemos, sin embargo, que con medidas de prevención como la limpieza del monte y adecuados medios de extinción y buena coordinación, las consecuencias serían menores.

En octubre de 2011, la campaña se había dado por terminada y los medios eran insuficientes. Las brigadas que quedaban tenían una excesiva carga de horas de trabajo y el apoyo de los militares de la UME es más un gesto de buenas intenciones que algo efectivo, según trabajadores de la Xunta. En 5 meses han muerto en Ourense dos de ellos y Medio Rural sigue obsesionada con la ocultación de datos y no gastar más dinero. La responsabilidad de todo ello no es sólo del fuego o del que lo provoca, sino también de quien no hace lo que debe.

Las declaraciones del presidente Feijóo sobre el incendio de As Fragas do Eume parecen más las de un sheriff que las de un político con sentido de la responsabilidad. Decir que los incendios son provocados y que se perseguirá a los responsables no es suficiente. Pedir penas más duras tampoco resuelve nada. El sentido común recomienda reforzar los medios de extinción y no abandonar la prevención, como hizo Feijóo al poco de llegar a la Xunta. Todo lo demás es palabrería y manipulación.