La dimisión de Francisco Camps como presidente de la Comunidad Valenciana resuelve un problema del Partido Popular y, en particular, del candidato del PP, Mariano Rajoy, pero no aporta nada al problema de fondo. Lo realmente importante del debate que se ha abierto con el caso Gürtel y el supuesto cohecho impropio cometido por Camps, es la presencia de políticos bajo sospecha de corrupción en las candidaturas.
Tanto el PP como el PSOE han incluido en sus listas para las recientes elecciones municipales a candidatos imputados por diversos delitos. Unos y otros se amparan en la presunción de inocencia de los suyos y rehúyen aceptar responsabilidades amparándose en los casos de sus rivales. Así, el PP señaló a Dionisio Muñoz, candidato socialista por Melilla, acusado de un presunto delito electoral, falsedad documental y obstrucción a la Justicia, pero tuvo el apoyo, no obstante, del PSOE, que se consoló y justificó citando a Camps.
La actitud de ambos partidos defendiendo a sus candidatos supuestamente corruptos les ha llevado a situaciones esperpénticas. En la provincia de Ourense, el alcalde de Melón (PP) fue condenado por prevaricación y no pudo presentarse a las últimas municipales. La solución fue presentar como candidata a su esposa. En Punxín, el candidato socialista, inhabilitado por el mismo motivo, fue sustituido por su propio hijo. Son sólo dos ejemplos de hasta qué punto la corrupción es amparada por las respectivas direcciones de PSOE y PP.
No es relevante cuántos casos puedan tener ambos partidos porque uno solo es suficiente para que se vean privados del derecho moral de reprochar al otro lo que aprueba para sí.
Y cuando llega el desenlace de la muerte anunciada de Camps, el debate gira alrededor de una ética previamente ausente o de simples actitudes personales. Si dimite acepta implícitamente su culpa (PSOE) o se convierte en un héroe generoso y ejemplar (PP).
La Ley Electoral que entró en vigor en enero, considera inelegibles a las personas condenadas por delitos contra la Administración pública, pero impide también a los tránsfugas decidir en las mociones de censura. El argumento que se utiliza para justificar la medida serviría perfectamente para que se excluya de las candidaturas a imputados: se trata, en definitiva, de una medida de regeneración democrática que contribuirá a eliminar las tensiones políticas y sociales y que favorecerá de cara al futuro la estabilidad en la vida municipal. ¿Acaso ha supuesto estabilidad la presencia de Camps a sabiendas de que estaba bajo sospecha judicial?
¿Qué impidió a los diputados incluir en la nueva ley a los imputados? Si hay alguna razón jurídica que lo haya impedido, que se explique y se aborden las reformas necesarias. Mientras tanto, tengamos claro que el debate sobre la corrupción entre PP y PSOE es puro teatro.
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