El 15-M hizo saltar las alarmas entre los políticos más dogmáticos, esos que creen –o quieren hacernos creer– que no hay nada más allá del cheque en blanco que les damos cada 4 años. Para ellos, la democracia española y su Constitución alcanzaron tal grado de perfección que cualquier discrepancia con ella representa el caos. Ni siquiera han sido capaces de reformar la Carta Magna en aspectos en los que parece haber consenso, como la prevalencia del varón en la sucesión a la Corona. Si no estoy mal informado, todas las monarquías constitucionales europeas, menos la nuestra, lo han modificado. No son capaces de avanzar en esto porque temen que abra las puertas a un debate sobre el futuro de la propia Monarquía.
Los que hemos vivido la Transición podemos entender, aunque no compartir, el miedo de algunos ante cualquier iniciativa que ponga en riesgo símbolos de una conquista que no fue fácil. Quizá tenga que ser una generación sin miedo al pasado la que finalmente aborde las reformas. En este sentido, el 15-M representa un primer paso también hacia una visión menos restrictiva de la democracia.
Esos políticos dogmáticos a los que me refiero son los que defienden sólo la democracia representativa como única expresión de la voluntad popular. No les he oído hablar de mecanismos constitucionales e igualmente democráticos, como el referendo o la iniciativa popular. La última consulta, la de la Constitución Europea, ni siquiera era vinculante y el índice de participación fue el más bajo desde que se instauró la democracia. Se consulta al ciudadano sobre asuntos que no comprende y se le niega el derecho a decidir sobre lo que más afecta a su vida, como por ejemplo todas las medidas para combatir la crisis que surgieron del incumplimiento de un programa electoral y de la palabra de un presidente del Gobierno.
A través del otro instrumento, la iniciativa popular, no se puede modificar la Constitución Española. No sé por qué ha de considerarse subversivo plantear que la opinión directa de los ciudadanos, y no un voto a un programa electoral que tantas veces se incumple, pueda servir para decidir sobre asuntos que le incumben directamente. Una iniciativa ciudadana tampoco puede reformar las leyes orgánicas, lo que incluye la Ley Electoral, la de Partidos Políticos o el Código Penal, por citar algunos ejemplos.
Es más que evidente que cualquier avance hacia una democracia más pura no puede considerarse una agresión, sino todo lo contrario, una ampliación de derechos y un mayor grado de compromiso del pueblo con la gestión pública y viceversa. Sin embargo, hay demasiados intereses creados para que los partidos más representativos permitan que el sentido común gobierne la política.
La crisis económica ha desenmascarado, en cierta forma, lo que se esconde tras las democracias occidentales, y que no es otra cosa que el lema del Despotismo Ilustrado: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Y ahora ese pueblo se pregunta, simplemente, por qué no se puede ir más allá de la libertad que le dan.
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